Cuando hablamos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) debemos tener presente que no entrará en vigor de inmediato, sino que deberá transcurrir un periodo, el cual se estima sea de al menos un año y fracción, para que los 12 países que recién acordaron su alcance pasen por sus respectivos procesos legislativos internos para su aprobación en cada uno de ellos y que, además, se reúna la cantidad minina de países firmantes [1] para que el TPP cobre fuerza legal. Durante este periodo de aprobación, deben analizarse tanto los riesgos como las oportunidades para los sectores productivos, tanto nacionales como extranjeros, con presencia en nuestro país y principalmente a los consumidores mexicanos cuando México entre a formar parte de este acuerdo comercial.
En efecto, más que de los riesgos que pudiere conllevar para los sectores productivos y comercializadores la entrada en vigor del nuevo tratado, deben conocerse las ventajas que conlleva para los consumidores, quienes podrán acceder a bienes de más países, y para la plataforma exportadora que reside en México, así como la necesidad de adaptación a nuevas circunstancias, con la correspondiente evaluación de riesgos económicos a que deben adaptarse las empresas. Como lo demostró la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), los temores de los empresarios y las reticencias de algunos funcionarios u organismos sociales, aunados a un nacionalismo anticuado, fueron superados por la realidad que nos trajo más ventajas que problemas, confirmando que el sector privado mexicano es capaz de abrirse a nuevos retos, a competir de tú a tú con empresas de otros países, fortaleciendo sus ventajas comparativas.
Uno de los riesgos, además de la oportunidad perdida que significaría que el TPP no fuese aprobado por el número suficiente de países para que entre en vigor, es que los empresarios mexicanos no lo estudien y no se preparen para su entrada en vigor. En efecto, en el caso del NAFTA, tuvimos la desafortunada experiencia de que varios sectores, como el textil, no se prepararon ni visualizaron riesgos u oportunidades y se vieron afectados por la competencia de la que antes estaban protegidos. Por ello, es indispensable que el TPP sea interiorizado por el sector privado mexicano para que puedan potencializar todas sus ventajas y disminuir los riesgos que implica la mayor competencia.
En este sentido, de la lectura del texto del TPP se puede señalar que los temores respecto a las supuestas limitaciones a derechos humanos en el uso de internet, el infundado temor a abrir sectores a la inversión extrajera, a la restricción a acceder a medicamentos genéricos, supuestos obstáculos a derechos de los consumidores o de acceso al “conocimiento y la cultura” son infundados y sólo muestran que cuando se pretende analizar un texto legal sin conocerlo o basados en prejuicios carentes de un razonamiento, no se fomenta un diálogo constructivo que realmente beneficie a los habitantes de un país o de una zona comercial.
Cuando se habla de oportunidades o riesgos de un tratado como el TPP hay que tomar en cuenta que éste es mucho más que una serie de normas jurídicas relacionadas con el comercio de bienes y servicios entres distintas naciones, siendo en realidad es un impulsor para que en el país se adopten regulaciones más modernas y acordes a principios internacionales, brindando estas regulaciones certidumbre a empresas mexicanas y extranjeras para competir con reglas claras y en igualdad en el mercado de distintos países. Además, este marco jurídico es una forma más transparente de interactuar con el gobierno mexicano, quien a su vez se ve constreñido a ejercer sus funciones con un menor grado de discrecionalidad en su actuación. Hay que tomar en cuenta que siendo un acuerdo multinacional, en caso de que un gobierno, como pudiera ser el mexicano, no disminuya el grado de discrecionalidad que perjudica a los particulares, ese gobierno se enfrenta a la posibilidad de que sus actos sean revisados en paneles multinacionales y que se le imponga sanciones, además del riesgo latente de que las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, se trasladen a otros países miembros del tratado.
Aún y cuando se podría decir que en la mayoría de los casos la legislación mexicana que regula el comercio de bienes, servicios, inversiones extranjeras en diversos sectores, el sector financiero y ahora el sector energético, ya han sido modernizadas durante los últimos 20 años a consecuencia de la entrada en vigor del NAFTA, es sabido que aún existen practicas burocráticas, regulaciones de menor rango y requisitos técnicos que dificultan el actuar de las empresas al tiempo que reflejan su influencia negativa en los bajos lugares que le otorgan a México las calificadoras de competitividad, listas en las que nuestro país siempre aparece en lugares muy por debajo de lo que debería tener, dado el tamaño de nuestra economía.
Ante la apertura comercial que significaría la entrada en vigor del TPP, consideramos que quienes sí deben preocuparse e iniciar medidas para enmendar sus conductas y en beneficio de los consumidores mexicanos son algunos sectores productivos mexicanos que históricamente han sido sobreprotegidos. Industrias como la acerera en México, que ha venido abusando de una sobre regulación a las importaciones de acero, o cadenas de tiendas de autoservicio y/o departamentales, las cuales basan muchas de sus ventajas comerciales en requisitos excesivos a importaciones que solo pueden cumplir las cadena de logística de esas mismas grandes empresas dejando fuera a importadores medianos o pequeños con el subsecuente perjuicio al consumidor final, deben estar conscientes de que esas ventajas desleales tenderán a desaparecer en la medida que las normas escritas y no escritas que regulan las inversiones y el comercio en México se adapten a los requerimientos del transparencia y mayor competencia del TPP.
Es por ello que, además de las oportunidades económicas de acceder a nuevos mercados, durante el periodo en que se discute el TTP ante el Senado mexicano, los particulares deben abordar la oportunidad que tiene el sector empresarial de cabildear ante las distintas ramas del gobierno mexicano con el propósito de que los reglamentos mexicanos, las normas oficiales mexicanas, los criterios de aplicación, entre otros, se adapten a las regulaciones del TTP y que estas realmente reflejen las nuevas oportunidades que este tratado significa, evitando la creación o el mantenimiento de regulaciones que perjudiquen la libre entrada y salida de productos y servicios desde y hacia nuestro país.
Dicho de otra manera, la muy posible entrada en vigor del TTP y su periodo de análisis y aprobación brindan al sector empresarial la posibilidad de pronunciarse, de manera decidida, en la ampliación de las reformas que han brindado oportunidades a este sector productivo, así como en la limitación de la discrecionalidad del estado para que este nuevo tratado tenga un impacto mayor en beneficio de los habitantes del país.
Columna de Luis Rubio, socio en las Prácticas de Asuntos Gubernamentales, Fusiones y Adquisiciones y Telecomunicaciones de Jones Day México
