La economía social es un segmento creciente dentro de la economía en general. Está compuesta por cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y empresas sociales. Estas organizaciones están respondiendo a los desafíos sociales y ambientales –y generando millones de empleos– con soluciones innovadoras y modelos económicos. Para seguir haciéndolo, están buscando nuevas inversiones a largo plazo que apoyen su desarrollo.
Los donantes filantrópicos, la banca privada y las fundaciones ya están ayudando a este sector, pero cuando se trata de nuevos modelos de negocio y es necesario aumentar la escala, estas empresas sociales necesitan inversión, no subsidios. Es cierto que esto podría cambiar a medida que los reguladores trabajan en formas de canalizar más financiación a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que pertenecen a la economía social.
Pero si el poder de financiación de los grandes inversores institucionales como los fondos de pensiones pudiera ser abierto a la economía social, ¿qué potencial ofrecería a los inversores y a las empresas sociales? ¿Podría repetirse el modelo francés ’90/10 ‘en otros países para inspirar a los inversores a largo plazo a participar en la financiación de la economía real para beneficio social?
Dos millones de empresas sociales
La Comisión Europea calcula que hay dos millones de empresas en la economía social en Europa, lo que equivale al 10% de todas las empresas de la UE. Más de 11 millones de personas –alrededor del 6% de los trabajadores de la UE– trabajan para la economía social. Tienen diferentes formas jurídicas y abarcan diversas actividades, desde la agricultura y la banca hasta el empleo y los talleres. Todos tienen un objetivo común: reinvertir sus beneficios para alcanzar objetivos sociales.
Estas empresas son también un motor de la innovación social: satisfacen las necesidades específicas de un gran número de personas desfavorecidas, como los desempleados de larga duración, los que están excluidos o tienen dificultades para acceder a una vivienda social o a los servicios de salud, así como los discapacitados y las personas de edad avanzada, cuyas situaciones no son plenamente atendidas por el Estado o el sector privado.
Mejora del impacto
Como casi todas las empresas sociales son pymes no cotizadas, la inversión en ellas puede parecer incompatible con la estrategia de asignación de la mayoría de los inversores. Sin embargo, es posible conectar las necesidades financieras de estas empresas con los objetivos de los inversores institucionales a largo plazo para diversificar sus inversiones y mejorar su desempeño en ESG.
Muchos países consideran que el mecanismo del ’90/10 ‘es la próxima gran medida que se implementará en Europa para ayudar a este sector dinámico a desempeñar un papel más importante en el crecimiento del PIB y resolver algunos de los mayores desafíos a los que enfrentan las economías del siglo XXI.
Durante más de 15 años, Francia ha tenido una solución inigualable para canalizar los ahorros a la economía social y ha demostrado ser eficaz. Existe una ley que obliga a las empresas a ofrecer a sus empleados la opción de un fondo de solidaridad social dentro de las posibilidades de sus planes voluntarios de jubilación y de los planes de ahorro de los empleados.
La mayoría de estos fondos de solidaridad son los denominados fondos 90/10, ya que el 90% se invierte en acciones ISR de gran capitalización o bonos y el otro 10% en empresas sociales a través de deuda, capital o a través de fondos de microfinanzas.
Imagínese por un momento que sólo el 1% de todos los ahorros franceses se invirtieran en fondos de 90/10. Automáticamente, estarían disponibles 2.000 millones de euros para invertir en pymes sociales y verdes, según estimaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Esta es la idea que actualmente circula entre los países del G7, como una forma potencialmente fácil y poderosa de impulsar la economía social y dar a los empleados y a los ciudadanos la oportunidad de contribuir a este cambio.
En el Reino Unido, la firma Big Society Capital ha estado evaluando el enfoque francés 90/10 y ahora está promoviendo activamente su adopción por los inversores británicos. Big Society Capital participó el 11 de mayo de este año en una conferencia coorganizada por el gobierno británico y el Foro Económico Mundial en la que este tipo de fondos recibieron un fuerte apoyo de los propietarios de activos, asset managersy banqueros privados. La idea 90/10 también ha sido adoptada por un grupo de trabajo de expertos gubernamentales del Reino Unido que buscan desarrollar finanzas inclusivas.
Innovación social y crecimiento económico
Incluso si uno está convencido de todo esto, todavía quedan algunas barreras por superar. En muchos países sigue siendo necesario actualizar la situación de los fondos para permitir un cierto porcentaje de diversificación dedicado a emisores no cotizados. Esto implicaría sensibilizar a la industria financiera para que estos fondos de solidaridad estén disponibles y para asegurar que haya un coeficiente de liquidez y un mecanismo adaptado dentro de la disciplina del fondo.
Sin embargo, parece claro que la siguiente etapa en la evolución de la financiación del impacto social se centrará más en la economía social. En nuestra opinión, este tercer sector situado entre el sector privado y el público tiene mucho que ofrecer. Tiene soluciones para las áreas problemáticas de nuestras sociedades modernas, combina la innovación social con el crecimiento económico y creemos que merece la pena colocar este tema en la agenda de los inversores a largo plazo.
Jacky Prudhomme es responsable de Integración de ESG e Inversiones en Economía Social de BNP Paribas Asset Management.
