El 13 de junio de 2019 en México se firmó el “Acuerdo entre el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente”, cuyo propósito es incrementar la inversión pública de 2,8% del PIB en 2018 a 5,0% en 2020 y la privada de 17,5% del PIB en 2018 a 20,0%.
Dentro del Acuerdo se estableció que los proyectos deberán cumplir ciertas características: 1) ser económica y socialmente rentables; 2) incentivar la competitividad; 3) incluir a zonas con bajo crecimiento como es el sur-sureste; 4) realizarse en sectores clave, entre ellos: energía, infraestructura y agroindustria; 5) incluir micro, pequeñas y medianas empresas y empresas; y 6) incluir a segmentos de la población que han estado fuera de la economía moderna.
Adicionalmente se especificó que se requiere un ambiente propicio a la inversión a través de los siguientes elementos:
- Reglas y mensajes claros y propositivos de representantes empresariales y del sector público que generen confianza y estabilidad para invertir;
- Estado de derecho fuerte y eficaz;
- Estabilidad macroeconómica;
- Compromiso para resolver, dentro de la ley, los obstáculos que se presenten en la ejecución de los proyectos de inversión.
El Acuerdo es una muy buena idea porque fortalece la relación entre el gobierno federal y el sector empresarial, plantea metas cuantificables e inclusive propone reuniones quincenales de seguimiento con el Consejo para el Fomento de la Inversión, Empleo y el Crecimiento Económico.
Desafortunadamente el Acuerdo no va a funcionar, se incumplió el mismo día en que se firmó. A pesar que se considera al sector energético como clave y que se estableció “Se deben cumplir los contratos de inversión suscritos entre empresas y el sector público para incrementar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica” esa misma fecha la Comisión Nacional de Hidrocarburos determinó que ya no habrá más rondas para que los privados puedan participar en la exploración y producción petrolera. Posteriormente aparecieron otros incumplimientos al Acuerdo, la CFE solicitó un arbitraje para anular algunas cláusulas de contratos de gasoductos, uno de los cuales ya está terminado, el de Texas – Tuxpan, esperando el visto bueno de CFE para iniciar operaciones y así poder abastecer gas a la península de Yucatán, donde los problemas de luz se deben a la falta de gas.
Estas decisiones contradictorias del gobierno no ayudan en nada a generar confianza y certidumbre, elementos necesarios para que la inversión privada, tanto nacional como internacional, aumente. Nadie va a querer participar en proyectos con el gobierno o propios si la evidencia muestra que el gobierno decide sin base alguna suspender proyectos de tal magnitud como el NAIM, o desea revisar cláusulas contractuales cuando el proyecto está terminado.
La inversión privada no se logra con acuerdos o reuniones, solamente se materializará cuando exista confianza, certidumbre e impere el estado de derecho, condiciones inexistentes en este momento, independientemente de los discursos.
Columna de Francisco Padilla Catalán
