Después de años de intenso debate, el compromiso mundial para combatir el cambio climático ya es un hecho firme y consolidado. A nivel global, ya vemos oportunidades claras en la medida que se van desarrollando y construyendo infraestructuras para conducir a la economía global hacia un modelo más productivo, menos contaminante y más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El consenso internacional cifra en al menos 6 billones de dólares (más de 5,3 veces el PIB de España) las necesidades de inversión a nivel global en infraestructuras “verdes”. Y uno de los mecanismos para financiar todo este esfuerzo global son los llamados Green Bonds, o bonos verdes, un mercado que está viviendo un crecimiento vertiginoso, aunque todavía incipiente en nuestro país.
El concepto de los bonos verdes nació en 2007, a partir de una pequeña emisión del Banco Europeo de Inversiones, y fue creciendo paulatinamente hasta superar en 2015 los 40.000 millones de dólares en nuevas emisiones. Las previsiones de la industria sitúan el cierre de este año muy por encima de los 50.000 millones de dólares y hay quienes, como por ejemplo el banco HSBC, que apuestan firmemente por que el volumen final rebasará los 80.000 millones. La característica definitoria de los Green Bonds es que la emisión debe tener como objetivo específico la financiación de un proyecto con un impacto positivo en el medio ambiente.
Los inversores tienen así la posibilidad de invertir directamente en unos objetivos definidos y cuya evolución es plenamente verificable (hay consultoras que se encargan de certificarlo) y son estos bonos los que permiten a los gestores cumplir con el mandato de sus clientes de invertir en activos que sean socialmente responsables. Desde el punto de vista del emisor, los Green Bonds tienen la ventaja de ir dirigidos a un elenco amplio de inversores (gestores de fondos, fondos de pensiones, de seguros, entes públicos…) que mejoran el prestigio de la entidad que emite la deuda al contribuir a que ésta cumpla con sus compromisos de responsabilidad social corporativa, una exigencia cada vez más demandada a nivel global.
En términos de rentabilidad, no parece haber ninguna diferencia entre un Green Bond y cualquier otro producto de renta fija que sea comparable en plazo y nivel de calidad, aunque la escasez de este activo le puede hacer tener un mejor comportamiento; la diferencia estriba en la voluntad de los intervinientes de contribuir a lograr un mundo más sostenible y es, por tanto, una cuestión de prestigio que obliga a un elevado nivel de exigencia por parte de emisor e inversor. Las acciones que suelen entrar en el ámbito de los Green Bonds son los planes de desarrollo de energía renovable, eficiencia energética, gestión sostenible de los recursos naturales, protección de la biodiversidad terrestre y acuática; gestión sostenible del agua, prevención y control de la contaminación; promoción de transportes e infraestructuras limpias y desarrollo de productos eco-eficientes, entre otras categorías elegibles.
Existen varias modalidades de Green Bonds; pueden estar respaldados por el balance entero del emisor, es decir, aunque quebrara el proyecto al que va destinado el dinero, el bono contaría con la garantía completa del emisor; hay otros Green Bonds donde la garantía de pago procede del flujo de ingresos de un proyecto particular que respalda la emisión y, por lo tanto, tienen un grado de riesgo mayor, y, por último, también se dan titulizaciones verdes: una cartera compuesta por varios proyectos que actúan de garantía de la emisión.
Hasta la fecha, son las instituciones multilaterales son las que han llevado principalmente el peso de las emisiones de bonos verdes, pero la implicación de las administraciones públicas nacionales y del sector privado es cada vez mayor en un mercado que va cobrando relevancia a gran velocidad. En Estados Unidos, los beneficios fiscales han impulsado de forma meteórica el mercado municipal de bonos verdes, pasando de los 100 millones de dólares emitidos en 2013 por el Estado de Massachusetts a los 4.300 millones que se alcanzaron al cierre de 2015, una gota en un océano que tiene un tamaño de 3,7 billones de dólares, pero una combinación en la que se alían el rendimiento económico con la preservación del medioambiente.
Un claro ejemplo de este cambio en Europa es la aseguradora Allianz, que acaba de anunciar que aplicará criterios medioambientales, sociales y de gobernanza a la supervisión de activos valorados en 200.000 millones de dólares. La eléctrica Iberdrola está ejerciendo de abanderada de los Green Bonds: acaba de cerrar una emisión de 700 millones, la mayor operación privada del año y que con emisiones anteriores suma ya cerca de 2.600 millones desde 2014 en este tipo de activo. Asimismo, el Gobierno francés planea lanzar en breve el primer bono de estas características.
Y en las grandes economías emergentes, la corriente favorable a los bonos verdes cobra intensidad. La India planea multiplicar por cinco la capacidad instalada de energía renovable, el sector privado asegura que este ambicioso plan tiene unas necesidades de capital mínimas de 160.000 millones de dólares y los Green Bonds se perfilan como una respuesta ideal. En este sentido, hace muy poco el banco privado indio Axis Bank ha captado 500 millones de dólares por el primer Green Bond indio certificado listado en la Bolsa de Londres; Yes Bank, otra entidad india, ya ha cerrado un acuerdo con la bolsa londinense para lanzar un bono similar a finales de año. Y solo en lo que va de año, el Gobierno de China ha emitido a través de sus diversas empresas públicas cerca de 12.000 millones de euros en bonos verdes, si bien en este caso los criterios del Ejecutivo comunista para determinar lo que tiene propósitos ecológicos no están convenciendo demasiado a los inversores internacionales, ya que en algunos casos se incluía la financiación de plantas de carbón “limpias”.
Y es que el talón de Aquiles de los Green Bonds radica en su voluntariedad. No existe una regla aceptada universalmente de cuáles deben ser los principios que certifican que una emisión de deuda cumple con los requisitos adecuados, que varían en cada país o incluso en cada circunscripción municipal. Los llamados Principios de Bonos Verdes, una guía desarrollada por la ICMA (International Capital Market Association) es lo más parecido, pero es de carácter estrictamente voluntario, igual que el hecho de incluir en el folleto de emisión el certificado realizado por una entidad independiente y experta en la materia también es enteramente opcional. En todo caso, se trata de una tendencia creciente a escala mundial: solo en el mes de septiembre, a Iberdrola se han sumado emisores de tan diverso perfil como el Estado de Nueva York, la Universidad de Arizona o el Banco de Desarrollo de México.
Una armonización de las reglas de juego contribuiría, sin duda, a dar un impulso a una industria en la que es necesario que se impliquen todos los actores del mercado. Y es que no hay que olvidar que una partícula de dióxido de carbono emitida a la atmósfera tarda 100 años en disolverse, por lo que es necesario sumar todos los esfuerzos posibles contra el peligroso incremento del efecto invernadero y sus fatales consecuencias, que ya empezamos a percibir.
Columna de opinión de Adolfo Estévez, director de Axesor Rating
