A tan solo dos años de su entrada en vigor en enero 2017, la Directiva MIFID2 ocupa un lugar predominante en los radares de la industria. Al igual que su predecesora, que tenía como objetivo mejorar la transparencia y eficiencia de los mercados europeos aumentando la competencia entre las entidades, MIFID2 afronta una agenda ambiciosa.
Además de los considerables cambios en relación a la infraestructura de mercado, negociación y transparencia (creación de sistemas de negociación de activos, supervisión de operaciones de alta frecuencia, requisitos reforzados de información), toda la cadena de producto, desde su originación hasta su distribución, sufrirá igualmente una profunda transformación.
Los esfuerzos de adaptación requeridos a la industria son enormes. Están referidos tanto al diseño de producto y las estrategias de distribución como al desarrollo de las herramientas informáticas necesarias para cumplir con las nuevas exigencias de información y vigilancia. En relación a los sistemas informáticos, el impacto de MIFID2 se agravará con la implementación simultánea de la normativa PRIPS. En coordinación con MIDFID2, PRIPS requerirá la entrega a los inversores minoristas de un documento informativo de tres páginas (KID) para productos empaquetados como los productos estructurados.
Las disposiciones en materia de gobierno de producto de MIFID2 pretenden poner los intereses del cliente en el centro de todo el proceso. Esto va en paralelo con un fuerte énfasis en la eliminación de cualquier conflicto de interés. Inspirada en la normativa aplicable en Reino Unido, esta regulación debería tener un impacto de largo alcance en la industria. Como ocurre en aquel país, la definición precisa de un “mercado objetivo” estará en el punto de partida de todo el proceso de diseño de producto. Y deberá realizarse un seguimiento continuado de este punto para cada producto originado y distribuido.
Esto requerirá inversiones considerables en análisis de datos de mercado (estadísticas de mercado y paneles de consumidores) y mejoras significativas de los procesos internos de aprobación de productos (comités de nuevos productos). Más importante aún, esta nueva regulación fomentará que los originadores y distribuidores encuentren nuevas formas de cooperar y de intercambiar información.
Para los originadores, esto debería traducirse en una mayor dedicación a conocer a los inversores y por lo tanto, en una mayor colaboración con los distribuidores en este campo. Los productos tendrán que ser supervisados periódicamente tanto en sus características intrínsecas (riesgo o rentabilidad) como en su adecuación al mercado asignado. Esto exigirá una retroalimentación continua y detallada desde los distribuidores hacia los originadores.
Para los distribuidores, sus expectativas hacia los originadores también cambiarán. Si bien los incentivos aún deben ser autorizados, limitándose a asesores no independientes, es claro que no deben determinar las políticas de distribución. En este exigente entorno regulatorio, la capacidad de los originadores de ayudar a los distribuidores a cumplir las nuevas exigencias de información e idoneidad serán clave. Esto supondrá el suministro oportuno de información de cada producto. También significará la capacidad de ayudar a los distribuidores en su evaluación del producto, en base a indicadores de fácil comprensión, relacionados con el riesgo, los costes y la rentabilidad esperada.
Esta redefinición de la relación entre el distribuidor y el originador es un desafío cultural e industrial que, afrontado a tiempo, supondrá la aparición de oportunidades interesantes. Conscientes de esta nueva realidad y de los esfuerzos que conlleva, en Société Générale trabajamos para poner nuestra experiencia y nuestros recursos a disposición de nuestros clientes y así acompañarnos mutuamente en este proceso de profunda transformación.
Sara Gómez Álvarez trabaja en el área de Cross Asset Solutions – Global Markets en Société Générale. Estos temas se tratarán en el próximo evento de banca privada organizado por iiR en Madrid
