La directiva MiFID lleva en vigor desde 2007, coincidiendo con el inicio de la reciente crisis económica. Ocho años después nos encontramos con la necesidad de seguir mejorando el sistema financiero en Europa buscando la protección y seguridad de los inversores y la transparencia del sector, derivando hacia MiFID II.
Entre las distintas novedades que nos trae MIFID II, hay una que merece especial atención, la prohibición del cobro de retrocesiones que afectará de manera directa a agentes financieros y otros profesionales dedicados al asesoramiento independiente. El objetivo de esta medida es evitar el conflicto de intereses generado por la práctica de algunos profesionales, que recomiendan aquellos productos que mejores incentivos generan aun cuando no sean los más adecuados para sus clientes. Esto está muy bien, pero la eliminación de retrocesiones también tendrá consecuencias negativas para estos agentes financieros y profesionales independientes, ya que se verán obligados a ajustar su modelo de negocio y a enfrentarse, sin garantías de continuidad, a los nuevos retos.
Por un lado, será necesario segmentar a los clientes en clientes autogestionados, asesorados o gestionados, según el tipo de asesoramiento que necesiten.
La mayor parte de los clientes en España son clientes asesorados y, para poder asesorarles, será necesario firmar un contrato con ellos y cobrarles unas comisiones. A partir de aquí, ¿qué impedirá que se desate una guerra de “precios” para conquistar clientes? Seguramente nada. Cada entidad financiera o profesional independiente (EAFIs) será libre de establecer la comisión que considere oportuna y hará todo lo que esté en su mano para captar clientes.
Los márgenes de intermediación irán bajando y muchos agentes financieros y profesionales independientes (EAFIs) verán cómo sus cuentas de explotación se resienten cada vez más, obligando a muchos a abandonar el negocio.
Por otra parte, se incrementarán las exigencias de información, control y documentación, produciéndose un inevitable aumento de los costes operativos. Los diferentes profesionales independientes deberán ampliar la información que dan al cliente, ser transparentes y advertirles de los gastos y comisiones que les van a generar sus inversiones. Los profesionales del asesoramiento financiero tendrán que cumplir con más trámites administrativos, ya que deberán seguir estrictas normas para que los inversores puedan decidir, con garantías, acerca los productos más adecuados a su perfil.
Todo este panorama no va a ayudar en absoluto a que se desarrolle el asesoramiento independiente, más bien al contrario. Asistiremos a la desaparición de muchos profesionales tal y como ya ocurrió en Reino Unido.
Ahora es el mejor momento de plantearse nuevas formas de entender el negocio y prepararse ante la entrada en vigor de MiFID II. Los profesionales del asesoramiento financiero independiente tienen ahora la oportunidad de salir beneficiados de este nuevo marco legal, buscando fórmulas alternativas para poder mantenerse en el mercado con garantías. La asociación entre agentes financieros y otros profesionales del sector (EAFIs) es quizá la mejor opción, ya que permite aprovechar economías de escala, crecer rápidamente y minimizar los impactos negativos mencionados. Puede que los bancos y las empresas de gran tamaño estén mejor posicionados a priori para afrontar el nuevo marco regulatorio, pero los profesionales independientes que se asocien bajo una misma marca, compartiendo una misma plataforma de gestión, con un mismo know-how, conseguirán, sin duda alguna, alcanzar grandes metas y gestionar sus negocios con rentabilidad y éxito garantizados.
Crecer con seguridad y garantía profesional se debería convertir en el principal objetivo de cualquier profesional independiente, bien opere como agente financiero de una entidad de crédito o bajo la figura de EAFI. La unión hace la fuerza y es preferible ser cola de león que cabeza de ratón.
Antonio Castilla es socio director de Conecta Capital
Por Alicia Miguel Serrano