Los fondos de pensiones y los grandes inversores institucionales pueden ser los mejores aliados de la inversión en eficiencia energética, especialmente en momentos de mercado como el actual, con escasa rentabilidad en los productos de renta fija, la renta variable inmersa en la volatilidad y la inversión bajo criterios ESG ganando fuerza.
Se estima que las inversiones ESG ya representan casi 30.700 billones de dólares en activos en cinco de los principales mercados del mundo, un tercio de los activos globales bajo gestión, según el informe ‘Global Sustainable Investment Alliance’. En España, el año pasado alcanzaron los 210.644 millones de euros, según Spainsif. Hay un enorme apetito por proyectos de inversión “eco”, estable, sostenible y a largo plazo, y la financiación a escala de la renovación energética de edificios está llamada a convertirse en un potente activo de inversión alternativa dentro de la categoría sustainable energy assets.
El 80% de los edificios en España son energéticamente ineficientes, pero carecemos de herramientas que logren activar la llegada de este capital privado “ecológico” al sector edificado. Es necesario abrir alternativas que proporcionen oportunidades de financiación y garantías al ahorro; nuevas vías que logren canalizar el ahorro institucional privado de largo plazo hacia la financiación de proyectos de renovación energética de edificios de carácter residencial, comunitario, comercial o industrial, así como hacia proyectos innovadores en energía distribuida, almacenada y compartida.
Y es importante hacerlo ahora, porque los 27.000 millones de euros que nos llegarán de la UE con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque ayudarán a hacer realidad los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del gobierno para avanzar en la descarbonización mediante la rehabilitación energética de edificio, son insuficientes. Incluso con el impulso que supone la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) elaborada por Fomento hacia el parque inmobiliario de consumo casi nulo antes de 2050.
No olvidemos que las necesidades de inversión en eficiencia energética en España solo para el periodo 2021-2030 superan los 85.000 millones de euros; más de 40.000 de ellos corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde EU Nextgeneration, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea.
Una de las vías que pueden vehicular el flujo de fondos privados hacia la inversión en eficiencia energética en inmuebles, sumándolos a la inversión pública, viene de la mano de incorporar una enmienda presentada en la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que permita la traslación a España del sistema de financiación a través de préstamos PACE (Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios), operativo ya en numerosos países.
Se trata de un modelo de colaboración público-privada que permite encauzar el capital privado hacia la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios o los gestores de inmuebles ni incremento de su endeudamiento -fuera de balance-, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad -del 5% al 7% en Estados Unidos-.
El modelo, que es intermediado desde el municipio en que se lleve a cabo la rehabilitación, es un mecanismo voluntario de financiación de reformas de eficiencia energética en inmuebles que facilita y abarata el acceso a los fondos necesarios. A través de los préstamos PACE, el 100% del coste de las mejoras de la eficiencia de los inmuebles se financia con fondos privados, contra el inmueble -financiación que se traspasa con el inmueble en caso de venta-, con un plazo de amortización de hasta 25 años (posibilitando que los ahorros energéticos sean superiores al coste de la financiación, y por tanto, generando un nuevo flujo de caja neta positiva para los propietarios), un tipo de interés fijo que suele situarse entre el 6% y el 9% y el único límite en su importe del 20% del valor del edificio. Además, no se acelera en caso de impago -los casos rondan el 1% en los países en que se ha implantado-.
Consiste en facilitar a los propietarios financiación con repayment, a efectos netos, mediante los ahorros generados por las obras de rehabilitación energética. Este repayment se canaliza a través de una contribución local especial no tributaria -una suerte de IBI- que, sin constituir un impuesto nuevo ni una subida de los existentes, goza del beneficio de una hipoteca legal tácita sobre el edificio, gira el ayuntamiento competente, y cuyo importe es equivalente a la cuota de amortización y los intereses de la financiación del proyecto de rehabilitación durante el plazo acordado de financiación.
La experiencia de este mecanismo en otros países -en Estados Unidos se ha otorgado ya financiación por un valor cercano a 7.000 millones de dólares a través del modelo y, de éstos, se han titulizado ya aproximadamente 2.000 millones- demuestra que PACE genera beneficios para todos los agentes involucrados: inversores, propietarios, entidades locales y la sociedad en su conjunto.
Los recursos públicos son limitados e insuficientes para la transición ecológica de nuestro parque edificado. Urge dinamizar la inversión privada de alto impacto hacia objetivos de lucha contra el cambio climático, abriendo nuevas vías de acceso a financiación eficiente y de alto valor añadido. Necesitamos normativas eficaces e instituciones especializadas capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar eficientemente los ingentes recursos del ahorro privado que actualmente están infrautilizados.
Tribuna de Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward
