Para alcanzar el acuerdo de París, reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a 2º C, se requieren algunos esfuerzos. Por ejemplo, además de las políticas y planes actuales, también serían necesarios 130.000 millones de dólares anuales de inversión adicional en tecnologías bajas en carbono hasta 2030, cantidad que podría duplicarse o incluso triplicarse si se quiere limitar el aumento a 1,5º C.
Todo ello requiere un cambio radical en la escala y la dirección de la inversión, especialmente en las economías en desarrollo, donde una financiación adecuada supone un gran desafío y donde muchos de los impactos del cambio climático se sentirán con más intensidad.
La financiación es vital para la transición hacia una economía verde, y el coste de esta financiación difiere sustancialmente entre las diferentes regiones. Un estudio realizado por investigadores de University College London analiza cómo el coste del capital para la financiación de proyectos de transición energética en países en vías de desarrollo es desproporcionalmente alto.
Las diferencias en las condiciones macroeconómicas, la confianza empresarial, la incertidumbre política y el marco regulatorio definen las condiciones de inversión. Los inversores aplican altas primas de riesgos en los proyectos de inversión relacionadas con la transición energética en países en desarrollo, lo que hace que se renuncie a muchas de estas inversiones.
Con ello se crea una trampa de inversión climática, similar a la trampa de la pobreza. La percepción de alto riesgo incrementa el coste de capital de las inversiones bajas en carbono, lo que hace que haya pocas inversiones en esta área, lo que a su vez provoca una baja reducción en las emisiones de CO2, lo que supone un mayor impacto climático, baja producción, incremento del desempleo.
A todo lo comentado hay que añadir que el uso de criterios ESG para filtrar inversiones bajas en carbono tiende a penalizar a los países caracterizados por una baja democracia, transparencia, derechos humanos y estándares éticos, donde tales criterios son difíciles de aplicar.
En la cumbre del clima de 2009 en Copenhague, 38 países desarrollados (entre ellos España) se comprometieron a que movilizarían anualmente 100.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros) hasta 2020, con el objeto de que los países en vías de desarrollo pudieran afrontar las consecuencias del calentamiento global y reducir sus emisiones.
Todo apunta a que se llegará a las conversaciones sobre el clima que se celebrarán en Glasgow, Escocia, en noviembre de este año, sin que dichos países hayan todavía cumplido su compromiso. Según datos disponibles, hasta 2018 no se ha alcanzado la meta. Para conocer datos fiables de este 2020, el año en el que se debe llegar a los 100.000 millones, habrá que esperar hasta 2022, según apunta la OCDE.
Fuente OCDE
Los investigadores de Universty College London proponen que los marcos de financiación sostenible que se implantan en Europa, China y otros lugares deberían proporcionar algún incentivo para ecologizar las economías en desarrollo. Las instituciones financieras compradoras de bonos de mercados emergentes, más el FMI y el Banco Mundial, apoyan enérgicamente los objetivos del Acuerdo de París, al igual que gobiernos clave como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Pero necesitan dirigir este entusiasmo a los lugares que más lo necesitan.
Tribuna de Rebeca Cordero, asesora en sostenibilidad de Portocolom AV
