La electrificación de un número cada vez mayor de actividades productivas es un proceso que sigue su marcha y no se detendrá. El auto eléctrico y la movilidad sustentable en las ciudades será pronto el sector que requiera mayor suministro de este insumo, después de la industria. Junto a esto, el aumento de la población, el trabajo en casa y la educación a distancia incrementarán la demanda de energía eléctrica. Si a esto le sumamos el tema del cambio climático, las políticas gubernamentales enfocadas a equilibrar oferta y demanda del mercado eléctrico deberán buscar ante todo la eficiencia económica, social y ambiental del sector. Eficiencia que significa, bajo estas circunstancias, generar electricidad confiable, barata y amigable con el medio ambiente.
Si la generación de electricidad cumple con estos supuestos sería un factor que mejore la competitividad del país, atrayendo mayor inversión y, con ello, promoviendo el crecimiento económico. Todo lo anterior, al final contribuiría a un mayor bienestar social. Durante el gobierno del presidente López Mateos se construyó un sistema generador y de transmisión que por primera vez logró electrificar a más de 90% de la población, incluyendo el suministro a la creciente industria nacional. Hoy, la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) empieza a ser insuficiente.
Actualmente, el reto de suministrar electricidad con seguridad pasa necesariamente por la modernización de todo el SEN (generación, transmisión, distribución y almacenamiento). Si en estos momentos, el gobierno federal busca robustecer la participación de la CFE dentro del mercado; en mi opinión, la política pública debería enfocarse a hacerla más eficiente en términos de costos y al mismo tiempo más limpia. Concentrar nuevamente todas las actividades del sector en ella no sería la mejor estrategia; sino por el contrario ella debería ser capaz de competir, asociarse, aprender de otros modelos de negocio que incorporen nuevas tecnologías y fortalezcan su gobierno corporativo.
Con respecto a la fase de generación, una política eficiente sería la que aproveche el gran potencial eólico, solar y geotérmico del país y, por tanto, desechar la idea de reconfigurar su capacidad instalada vigente. Aunque la reconfiguración es técnicamente posible, no lo es en términos ambientales ni económicos. De hecho, la inversión en instalaciones de energía renovable es una opción viable incluso para la CFE.
Tan solo el costo de generación de una termoeléctrica que usa combustóleo es tres veces mayor contra un parque eólico. En el caso de una central de ciclo combinado que usa gas natural es en promedio el doble por cada MWH. La mayor parte de los costos de generación en una planta renovable están asociados a la construcción del proyecto, mientras que sus costos variables (operativos) son mínimos. Esto no es así en instalaciones que emplean combustóleo o carbón.
Frente a esto, la propia CFE bien puede decidir transitar gradualmente a una matriz energética más limpia y barata. Si bien el combustóleo lo producimos en altas cantidades, a costa de procesos obsoletos en las refinerías de Pemex, resulta ser altamente contaminante. En el caso del gas natural, si bien contamos con reservas probadas que podrían ser explotadas a través del método de fractura hidráulica, importamos alrededor del 80% de Estados Unidos.
La tormenta invernal de hace unas semanas, junto con la decisión del gobernador de Texas de detener la exportación de gas, demostró la dependencia y vulnerabilidad de nuestro SEN. Reducir el consumo en unas zonas del país para garantizar el abasto en otras fue una solución temporal que alivió las pérdidas de nuestro sector industrial, pero evidentemente no debe convertirse en una norma. Las reservas de gas natural en México representan un poco más de dos días, mientras que Estados Unidos representan 65 y en Alemania 100.
La solución a este problema, desde un punto de vista de administración de riesgos, es simplemente diversificar las fuentes de generación eléctrica dentro de nuestro portafolio. La seguridad en el suministro, y posteriormente la soberanía eléctrica, debe considerar la transformación de nuestra matriz energética. Esto no quiere decir que desaparcan por completo las plantas de cogeneración o de ciclo combinado. De hecho, estas cumplen un papel primordial frente a la intermitencia natural de las plantas eólicas, solares e incluso hidroeléctricas. Por tal motivo, sería necesario invertir en proyectos de almacenamiento de gas natural.
Por si fuera poco, la inversión en la red de transmisión también es urgente. Pues de nada sirve generar grandes cantidades de electricidad en el sur del país, si no es posible despacharla a la red. La congestión genera costos adicionales, no permite el ingreso de nuevos generadores y provoca desbalances en el sistema, que en el peor de los casos podrían producir apagones. Como vemos, nuestro SEN requiere modernizarse y para ello es necesaria la inversión, sea pública o privada.
Finalmente, la integración comercial que mantenemos con Estados Unidos y Canadá también debería representar un incentivo para transformar nuestra matriz energética y con ello reducir nuestras emisiones contaminantes. La cooperación climática y la idea de crear una red de transmisión eléctrica en toda Norteamérica sería un objetivo en el futuro. En otros países, la cooperación intenta crear estándares y perfiles de emisiones para socios y competidores comerciales, de tal manera que la idea de gravar los bienes de países con leyes climáticas más débiles (por ejemplo, a través de un impuesto al carbono) ha ganado cada vez más apoyo.
Columna de HR Ratings escrita por Roberto Ballinez
