Los inversores institucionales españoles se enfrentan a nuevas obligaciones de transparencia y buen gobierno en su relación con las compañías en las que invierten. Deberán definir, desarrollar y publicar sus políticas de voto y de implicación con los emisores, así como integrar criterios de responsabilidad corporativa en sus políticas de inversión.
La revisión de la directiva 2007/36/CE, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, aprobada en marzo pasado por el Parlamento y el Consejo Europeo, trata de promover una mayor contribución de los inversores en el crecimiento sostenido a largo plazo de las empresas, reforzando su compromiso e interacción (engagement) y ejerciendo su papel como dueños y administradores responsables de las empresas (stewardship), como llevan haciendo años en otros mercados los inversores institucionales.
Las nuevas normas afectan también a emisores, intermediarios y asesores, siempre en busca de la mayor transparencia y el incremento de la visibilidad de los inversores y el ejercicio del derecho del voto. En otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y otros europeos ya existen estos códigos y los accionistas votan de forma responsable asesorados por proxy advisors. Estos asesores de voto, cuyo papel es analizar y dar recomendaciones de voto en las juntas generales, además de asesorar a los inversores en su relación con los emisores, estarán también sujetos a requisitos de transparencia y a un código de conducta, dada su importancia en este proceso.
Los escándalos en las empresas y los mercados han creado un clima de desconfianza y un tsunami regulatorio para tratar de proteger a los inversores y restaurar la credibilidad en las instituciones, con mayor peso en obligaciones para las empresas y sus consejos de administración.
El origen hay que buscarlo en los mercados anglosajones
Los proxy advisors existen desde hace más de 20 años, siendo los americanos los que dominan el mercado. En Europa, los asesores de voto independientes líderes en cada país, crean en 2001 la alianza ECGS, Expert Corporate Governance Service, para dar cobertura en los mercados globales a los inversores locales (Allianz, Amundi, AXA, Generali, UBS, SG, BNP Paribas, Deutsche Bank, Natixis) que empiezan a participar responsablemente en las juntas locales e internacionales.
Los primeros códigos vienen de los Estados Unidos, donde los fondos están obligados a votar en las juntas desde 2003. Antes, en 1992 se publica en UK el primer código de buen gobierno de sociedades, el Cadbury Code, y casi en paralelo el embrión del Stewardship Code, para los inversores, que desde 2012 se revisan conjuntamente. Otros países europeos desarrollan normativa similar para accionista, con fuertes recomendaciones bajo el concepto “cumplir o explicar”.
En Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia u Holanda, entre otros países, los inversores institucionales llevan votando en las juntas y utilizando los servicios de los asesores de voto desde hace muchos años. Todos ellos desarrollan y publican sus políticas de voto y de relación con emisores de forma responsable y transparente. Muchos otros países como Australia, Canadá, Japón, Kenia, Malasia, Singapur o Sudáfrica, han desarrollado no solo códigos de buen gobierno para emisores sino también para inversores. En España vamos ya por el cuarto código para emisores –Olivencia 1998, Aldama 2003, Conthe 2006 y Rodríguez 2015– sin embargo, no hay directrices similares para la parte inversora, y el momento propicio ha llegado.
En España solo existe una leve obligación –Ley y Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva revisados en 2015– de publicar su política de voto e informar de su implicación con los emisores para los fondos de inversión que tengan más del 1% del capital de una sociedad cotizada, siempre que esta sea española y la participación se mantenga más de 12 meses. En el caso de los fondos de pensiones, su reglamento regulador estableció en 2014 obligaciones aún más laxas en esta materia.
El resultado de ello es una escasa participación por parte de los inversores españoles, muy por debajo de los institucionales extranjeros, en las decisiones corporativas de los emisores, los cuales sin embargo han mejorado notablemente durante los últimos años sus prácticas de buen gobierno, en paralelo a la nueva normativa.
Corporance Asesores de Voto
Por todo ello, en 2017 creamos Corporance, representante para España y Portugal de ECGS. El primer asesor de voto español nace con un equipo de profesionales expertos en gobierno corporativo y mercados financieros, fuerte apoyo de expertos analistas y vocación de ayudar al inversor español en su carrera por la transparencia, aplicando las prácticas internacionales a las particularidades del mercado español.
Además de su integración en una red internacional compuesta por asesores independientes líderes en sus países, Corporance nace como un asesor de voto local, conocedor de la normativa y de las prácticas de gobierno corporativo españolas, lo que sin duda aportará valor añadido a la relación entre emisores e inversores, mejorando con ello la gobernanza de nuestras empresas y en especial del inversor institucional.
Todos nosotros, inversores, emisores, intermediarios, reguladores y asesores debemos contribuir para estar a la altura que nos corresponde y, una vez más, así será.
Juan Prieto, fundador de Corporance Asesores de Voto.
