Sin lugar a dudas el último año económico del Gobierno saliente en Argentina, con un ministro de Economía sin capacidad para dominar los problemas principales que teníamos al principio de 2015, ha dejado una situación delicada al final de su mandato.
Los principales datos macroeconómicos son: un déficit fiscal del 8% del PIB sin contar deuda flotante, emisión monetaria de 200.000 millones de pesos argentinos, un 50% del total de la base monetaria, una inflación del 28%, un cepo cambiario que aceleró la caída de reservas en unos 5.000 dólares, con un stock de 24.000 millones de dólares en términos brutos y deudas con importadores atrasadas.
Pero el problema principal es el déficit fiscal y la solvencia cambiaria, siendo imposible abordar otros problemas como es recuperar la actividad económica y la generación de empleo genuino.
El ministro de hacienda Pray Gay pudo levantar inmediatamente el cepo cambiario habiendo obtenido el compromiso de liquidación de 400 millones de dólares por día con las “cerealeras”, la conversión de 3.000 dólares del swap con China y el arreglo con los importadores de la deuda comercial pendiente de pago y la obtención de 5.000 millones de dólares por el BCRA.
El levantamiento del cepo ha sido un éxito: dado el ciclo estacional de divisas las empresas necesitaban peos para pago de aguinaldo y sueldos de diciembre, liquidación parcial de las “cerealeras” por unos 400 millones de dólares y ausencia de demanda por importaciones, ya sea por no pagar las realizadas y no demandarse nuevas importaciones.
Estas condiciones condujeron a una oferta de abundantes de dólares y una ausencia de demanda de dólares de grandes compradores, que permitió la reducción de la cotización del dólar a 13,8 pesos argentinos por dólar, pero en economía en el corto plazo se puede hacer cualquier cosa pero no evitar las consecuencias. Los factores estructurales para un desplazamiento del dólar siguen vigentes, como son el déficit fiscal -y no se observaron medidas concretas para su reducción en forma drástica-, la reducción de subsidios a la energía (2% del PIB), un tenue combate al gasto del estado vía reducción del personal contratado y cuánto se va a ahorrar producto de los sobreprecios de las obras públicas.
En todos los temas se verá la decisión del Gobierno en sostener medidas justas y razonables, pero de alto costo político.
El ajuste tarifario afecta el apoyo político porque se dará en el GBA y CABA donde se encuentra el sector que mayoritariamente apoyó al Gobierno; en el segundo los sindicatos estatales que no son proclives a defender trabajadores sino las cajas de la obra sociales y sindicales producto de los aportes de los empleados ingresados que negociaron con funcionarios y ministros hasta el 10 de diciembre de 2015, que deberán ser saneados por el actual Gobierno. Y esto fue una medida del anterior Gobierno para complicar la gestión del actual: sin lugar a duda eliminar los sobreprecios de obras y servicios públicos donde los mismos llegaban a rondar el 30% y hasta el 50% es la gran duda que pongo ante este Gobierno si tiene realmente voluntad política para resolver.
En materia fiscal solo se ha visto concretado el anuncio de aumento de gastos o reducción de ingresos como retenciones totalmente justas para reactivar la producción y la exportación que hoy estarían llevando a un déficit fiscal nacional del 9%.
El problema heredado es grave, mucho más si no se tiene un diagnóstico claro en lo técnico, pero principalmente en lo político y todo ello sin contar que las condiciones externas producto del aumento de las tasas de interés en EE.UU., la caída del crecimiento chino y la recesión en Brasil, nuestro principal socio comercial, debilita el potencial de una salida rápida de la crisis económica, financiera y política, que ha dejado la administración de Cristina Kirchner y Axel Kicillor, sostenida por el accionariado destituyente de la militancia del Frente para la Victoria.
Columna de Cesar Ariel Omse, contador público especialista en Finanzas y Mercado de Capitales.
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