En 1980, con la Reforma de Pensiones en Chile, se inició en Latinoamérica y otros países de Europa del Este una etapa de transición en diversos sistemas de pensiones antes de reparto -sistemas de pensiones condenados a la quiebra ante el panorama de envejecimiento mundial- hacia esquemas de capitalización individual cuyo objetivo principal fue darles sostenibilidad financiera en el largo plazo y alivio a finanzas públicas. Estos esquemas de capitalización individual, entre otras cosas, vislumbraban resolver problemas de baja cobertura, estimando otorgar tasas de reemplazo promedio cercanas al 70% del último sueldo de los trabajadores.
En el panorama actual, diversos estudios concuerdan que el nivel de contribución necesario para alcanzar una pensión del 70% del último sueldo requiere un ahorro constante durante la vida laboral entre el 14% y el 16% del sueldo base del trabajador. Los países miembros de la OCDE tienen un nivel de ahorro promedio para el retiro del 20%; como referencia el sistema chileno tiene un nivel de contribuciones obligatorias del 10% y el sistema mexicano del 6,5% del sueldo base del trabajador.
Los sistemas de capitalización individual tienen una serie de fortalezas comprobadas, pero no resuelven por si mismos el financiamiento de la vejez. Se requiere un esfuerzo adicional tanto del trabajador como del patrón y del gobierno para complementar las contribuciones obligatorias que se establecieron fijas durante la vida laboral del trabajador, con mecanismos que promuevan un mayor ahorro voluntario individual, que incentiven la permanencia del trabajador en el mercado laboral formal o, en su caso, su permanencia en el sistema contribuyendo de forma activa un porcentaje de su sueldo de forma constante así como generar una oferta adicional de vehículos de ahorro de largo plazo que sirvan para la mejora de los ingresos en la vejez. Porque al final, el nivel de ahorro constante es el factor más importante que determina el monto de la pensión.
Chile, tratando de adelantarse para mejorar las pensiones que estudios actuariales estimaban para sus primeros pensionados del sistema de capitalización, en la última década emprendió una serie de adecuaciones asociadas con incrementar las aportaciones voluntarias, diversificar el régimen de inversión, otorgar un bono por hijo y fortalecer el pilar solidario, entre otras. Sin embargo, las pensiones que efectivamente se están otorgando a los pensionados bajo el sistema de capitalización individual son menores a las estimadas. ¿Qué faltó? Tiempo para madurar estas adecuaciones, incrementar las tasas de contribución obligatoria y empujar con mayor énfasis el ahorro voluntario de los trabajadores.
Sin duda, de haber continuado con un esquema de reparto, el envejecimiento poblacional hubiese presionado a mayores tasas de contribución pues menos trabajadores activos podrían sostener el pago de las pensiones de los jubilados en curso y hubiese presionado a mayores impuestos o a disminuir los beneficios pensionarios ante la falta de recursos públicos para pagarlos o a disminuir otras partidas de presupuesto público como educación, salud, infraestructura y combate a la pobreza, partidas que inciden directamente en el crecimiento y desarrollo económico del país.
En México, en 1997 con la Ley del IMSS y en 2007 con la Ley del ISSSTE se realizaron las dos reformas más importantes del sistema de pensiones que integran el Sistema de Ahorro para el Retiro actual. Estas reformas consideraron la transición de sistemas de reparto a capitalización individual, emulando el sistema de pensiones chileno.
Estas reformas dieron viabilidad financiera a ambos sistemas en relación con las obligaciones de los trabajadores en transición que decidiesen pensionarse bajo las nuevas leyes y para el financiamiento de las pensiones de los nuevos trabajadores. No obstante, el gobierno federal reconoció el pasivo de las pensiones de los futuros pensionados que decidieron (caso ISSSTE) o decidirán (caso IMSS) pensionarse en los términos de las Leyes anteriores. Esto, aunado con las obligaciones pensionarias adquiridas de paraestatales como PEMEX, CFE y otras instituciones como IMSS-Patrón, Universidades y las pensiones solidarias del programa federal 65 y más, generó una asignación en el presupuesto de egresos de la federación que se discute actualmente en la Cámara de Diputados del 3,5% del PIB en 2017 y que representa aproximadamente un 12,5% del presupuesto estimado total. Este mismo documento estima un crecimiento para el pago de pensiones del 7,8% real anual para los próximos años, llegando en 2022 a un gasto para pensiones del 4,4% del PIB: un 30% más que en 2016 en sólo seis años.
En agosto pasado se iniciaron movilizaciones sociales en Chile debido a las bajas pensiones pagadas por el sistema de capitalización. Hoy día, la experiencia chilena nos regala una bola de cristal que nos muestra lo que será el futuro de las pensiones en México si continuamos como hasta ahora sin realizar las reformas de fondo que el sistema de ahorro para el retiro necesita y que permitirán incrementar la cobertura y mejorar el monto estimado de las pensiones de los mexicanos. En 2022 se pensionará el primer trabajador de la generación AFORE con una tasa de reemplazo estimada del 30% de su último sueldo o, posiblemente, con una pensión mínima igual a un salario mínimo.
¿Por dónde empezamos?
Observando la experiencia internacional, destacan sistemas de pensiones multipilares con mayores tasas de contribución obligatoria, edades de jubilación acordes con la expectativa de vida de su población, regímenes de inversión diversificados, incentivos fiscales atractivos dirigidos al ahorro voluntario tanto para trabajadores como patrones, instrumentos adicionales de ahorro complementario desde las empresas que integran elementos de decisión automática en relación con la afiliación y el escalamiento de las aportaciones.
En este sentido, con base en un análisis de las experiencias en otros países y conforme la realidad mexicana, Principal Financial Group propone nueve iniciativas que mejorarán indudablemente el monto de las pensiones, la cobertura y que darán un nuevo respiro en las finanzas públicas de los gobiernos federal, estatal y local:
- Incrementar el nivel de contribución obligatoria.
- Reinstalar los incentivos fiscales para patrones, relacionados con ahorro voluntario de largo plazo.
- Crear un sólido y atractivo esquema de ahorro voluntario colectivo.
- Incrementar la edad de retiro.
- Ampliar el régimen de inversión.
- Sustituir los fondos de inversiones actuales (SIEFORES) por multifondos “ciclo de vida”.
- Unificar los diferentes sistemas de pensiones existentes en el país.
- Homologar los beneficios del Sistema Ley-73 con los del Sistema actual SAR-97.
- Fomentar la cultura del ahorro, la educación previsional y la asesoría financiera profesional.
Los esquemas de capitalización individual tienen la virtud, entre otras, de incrementar la conciencia de las personas respecto a su retiro, logrando eventualmente una mayor responsabilidad personal. Es un proceso que iniciamos en 1997 y que necesitamos fortalecer. El tiempo apremia, pero estamos convencidos que podemos mejorar el panorama de las pensiones poniéndole atención desde hoy.
Columna de Principal Financial por Leopoldo O. Somohano
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