Desde hace tiempo existe una tendencia global clara hacia la transparencia fiscal como consecuencia de una mayor presión ejercida por CRS, FATCA y casos de visibilidad como #PanamaPapers.
En este contexto, varios gobiernos de Latinoamérica aprobaron programas de reporte voluntario (conocidos como amnistías fiscales) que permiten a los contribuyentes que no están en cumplimiento, presentar sus bienes. El proceso incluye penalidades que varían por país y que frecuentemente dependen del tipo de bienes y si se declararán, o si también se traerán al país de origen. En la actualidad hay procesos abiertos en Argentina, Brasil y Colombia.
Argentina por su parte ha pasado por más de doscientos procesos de moratorias o amnistías fiscales a lo largo de su historia y muchos están viendo la última como una más. Sin embargo, y lo que el gobierno no está comunicando con suficiente énfasis, es que esta amnistía será la última previa a la plena entrada en vigencia del acuerdo multilateral de intercambio de información.
¿Qué quiere decir? Que probablemente quien no entre en esta amnistía encuentre todavía muchas más dificultades a la hora de utilizar los activos no declarados en el exterior para compras de bienes, realizar transferencias, entre otras cosas.
Más allá de lo que cada uno piense acerca de Argentina y su clase política, el mundo seguirá avanzando en la dirección en que lo viene haciendo, es decir hacia la bancarización de las economías mundiales, por lo que confíen o no en Argentina, ya no hay muchas razones para no acogerse al blanqueo que se está proponiendo en el país.
Decir que ahora es seguro invertir en Argentina porque el gobierno cambió, es iluso. Es claro que seis meses de una mayor institucionalidad no tienen mucho efecto sobre la clásica inseguridad jurídica argentina que lleva casi 100 años. Es imposible que luego de la credibilidad que perdió el país tras décadas de corrupción e incumplimientos con la comunidad financiera internacional se pueda lograr un cambio de percepción de 180 grados en unos pocos meses.
El costo del blanqueo
El proyecto de amnistía fiscal promovido por el gobierno argentino es tanto oportuno como necesario. Si bien es perfectible, no se trata de un mal proyecto en absoluto y es incluso eficiente. La pregunta más frecuente que recibimos de nuestros clientes es: ¿cuánto me va a costar? Ahora y en el futuro. El costo de blanqueamiento lo ilustramos en este cuadro.
Ahora bien, una vez que el proceso está completo, los bienes personales seguirán teniendo una tasa impositiva, sólo por tres años. Para este año (el 2016), los bienes personales tendrán un mínimo no imponible de 800,000 dólares y la alícuota será del 0,75%, para 2017 el mínimo no imponible será de 950,000 dólares y la alícuota del 0,50%; y para el año 2018, el mínimo no imponible aumentará a 1,050,000 dólares pero la alícuota bajará a 0,25%.
El gran cambio que ha incorporado Argentina es que a partir de 2019 no habrá impuesto a los bienes personales.
Una mirada hacia el futuro
El proceso de blanqueamiento que ofrece Argentina tiene tantos beneficios que la pregunta real no es si conviene o no acogerse al blanqueo sino qué hacer luego de exteriorizar esos activos que hasta ese momento se poseían en forma irregular.
En otras palabras, el blanqueo no es en realidad el final del camino para quienes tienen activos no declarados sino tan solo el comienzo.
Una vez que esos activos hayan sido exteriorizados va a ser absolutamente fundamental analizar y definir qué estructura jurídica es la más eficiente desde el punto de vista impositivo, a los efectos de poseer los mismos de allí en adelante.
En este contexto, y aun cuando pueda sonar paradójico, la mayor transparencia seguramente tenga efectos positivos sobre el crecimiento de las jurisdicciones offshore, todo esto impulsado también por las amnistías fiscales que se están implementando en distintos países de América Latina.
Esto tiene su lógica si tenemos en cuenta que en tiempos de mayor opacidad no existían grandes incentivos para estructurar en forma eficiente los activos que se había decidido no exteriorizar.
¿Para qué armar una estructura legal que reduzca los impuestos aplicables a ciertos activos o permita el diferimiento de los mismos si las autoridades fiscales del país de residencia del dueño de los bienes en cuestión – en este caso Argentina– no se enterarán jamás de su existencia? Esto ha cambiado para siempre y, por ende, establecer una estructura patrimonial eficiente ya no es una opción sino una necesidad.
Opinión de Martin Litwak, socio de la firma de abogados offshore Litwak & Partners International Lawyers
Por administrador