La progresiva recuperación económica de nuestro país ha supuesto la entrada de nuevos inversores financieros, tanto nacionales como internacionales. El patrimonio de los fondos de inversión españoles ha experimentado un notable incremento en los últimos años y lo mismo ha sucedido con el de los fondos de inversión extranjeros comercializados en España. Este crecimiento del mercado, unido a la cada vez mayor complejidad de las operaciones, ha tenido reflejo en la evolución de los perfiles de abogados internos que demandan los agentes de los mercados financieros.
Las sociedades gestoras de fondos de inversión operan en un entorno regulatorio cada vez más complejo y sofisticado, donde el papel del asesor legal cobra cada vez más relevancia.
Los equipos jurídicos son generalmente de tamaño reducido, e incluso, en un buen número de casos, las entidades de servicios financieros no disponen de abogados internos, sino que externalizan el asesoramiento legal.
En cualquiera de los supuestos, tanto si cuentan con un asesor interno como si acuden a un despacho externo, los operadores de los mercados financieros precisan de abogados con elevada formación técnica, que cuenten con experiencia en el sector financiero, que conozcan el negocio y que se involucren en la estrategia y la consecución de objetivos de la entidad.
Desde un punto de vista técnico, el perfil más demandado por las sociedades gestoras de fondos de inversión y otros inversores financieros nacionales y extranjeros para sus asesorías jurídicas internas es el del abogado con una sólida base en Derecho Mercantil y Societario, que tenga conocimientos y experiencia en Derecho Financiero y Regulatorio. Un profesional que se haya formado durante siete u ocho años en un despacho nacional o internacional de primera fila y que haya trabajado para este tipo de entidades, no sólo asesorando en operaciones de inversión, sino también en la negociación de otros contratos típicos del sector financiero (como, por ejemplo, contratos de préstamo, contratos de garantía o contratos sobre derivados financieros). Asimismo, la experiencia en temas de cumplimiento normativo o “compliance” se ha convertido en un plus, especialmente en los últimos tiempos, en los que las obligaciones de reporte al regulador se han intensificado.
Por lo general, el asesoramiento legal en este tipo de entidades es bastante dinámico. El abogado ha de tener capacidad analítica para identificar los puntos de mayor relevancia en las cuestiones que se le plantean. Se demandan respuestas rápidas y concretas. Ha de ser una persona resolutiva, con capacidad para resolver situaciones de mayor o menor complejidad en el menor lapso de tiempo posible.
En ocasiones, para llevar a cabo un análisis jurídico global de las operaciones financieras, el abogado ha de revisar complejos modelos financieros en los que se establecen proyecciones de retornos que tiene que comprender, aunque no haya participado en la elaboración de los mismos.
Por ello, es muy importante que el abogado tenga una comunicación fluida con los responsables de las inversiones, para lo cual, la transversalidad es un elemento clave. Ha de ser capaz de procesar la información que recibe del negocio, llevar a cabo un análisis jurídico global y transmitir a los responsables de inversión hasta dónde pueden llegar en la negociación de una operación desde un punto de vista legal, es decir, indicarles cuáles son los riesgos legales. Todo ello, sin olvidar que su función es la de facilitar que las operaciones salgan, no bloquearlas, por lo que habrá de alinearse con los objetivos del negocio, y proponer soluciones alternativas y creativas, cuando ello sea necesario para sacar adelante las iniciativas comerciales. De esta manera, podrá asimismo dirigir al despacho que, en su caso, asesore en las operaciones de inversión más relevantes, indicarle cuál debe ser la estrategia en la negociación de los contratos y coordinar la comunicación entre el despacho y los responsables del negocio.
En definitiva, el abogado interno debe ser un profesional muy cercano al negocio, un auténtico “business partner”, que se involucre en la consecución de los objetivos y que cuente con capacidad para agilizar los procesos. Es importante que genere confianza y, especialmente, que tenga capacidad para resistir el estrés. Con frecuencia, las operaciones de inversión están sujetas a calendarios muy ajustados, y el abogado es sometido a mucha presión por los responsables del negocio, por lo que también debe tener empatía, asertividad y habilidades sociales, y todo ello sin perder su independencia.
Existen ocasiones puntuales en las que las entidades de servicios financieros tienen necesidades de asesoramiento legal durante un período específico de varios meses (piénsese, por ejemplo, en aquellos casos en los que tengan que cubrir una baja laboral en el departamento legal o reforzar el equipo legal existente para un proyecto especializado de gran complejidad, o para crear e implementar programas o políticas de cumplimiento normativo).
En estas situaciones, está empezando a repuntar en el mercado laboral el modelo del Legal Interim Management (LIM), que consiste en la contratación de un abogado de alto perfil y con cierta seniority, para trabajar en un proyecto temporal específico. Esta opción está generando cada vez más adeptos entre las empresas, puesto que les ofrece una solución a medida, ya que garantiza la calidad del servicio y el control de los costes, permitiendo al mismo tiempo una gran flexibilidad a los candidatos.
Tribuna de María Burgos, consultora en Iterlegis Legal Staffing Solutions.
