En Brasil, la decisión del presidente Jair Bolsonaro de destituir al director de Petrobras marca un fuerte cambio de rumbo de las políticas favorables al mercado y señala una posible presión sobre las empresas estatales de servicios públicos. Y en México, una controvertida iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para beneficiar a CFE, a expensas del sector privado, es otro golpe a la confianza de los inversores y pone en riesgo el acuerdo comercial T-MEC.
Bolsonaro argumenta que la política de combustible de la empresa solo agrada a los mercados financieros y a grupos selectos en Brasil y debería cambiarse como parte de un esfuerzo por reducir los precios de la gasolina y el diésel. Hay que tener en cuenta que, según las reglas vigentes, los precios más altos de las materias primas y un real brasileño (BRL) más débil exigen aumentos en los precios internos del combustible.
Bolsonaro podría sentirse presionado para eludir la regla, lo que eventualmente conducirá a menores ganancias para la petrolera estatal Petrobras, ya que su índice de aprobación se desplomó al 32,9% en febrero, desde el 41,2% en octubre, según una encuesta publicada por la asociación de transporte CNT. Esto también podría explicar por qué prometió abordar los precios de la electricidad próximamente.
Mientras tanto, se están fraguando más estímulos fiscales en Brasil, ya que el gobierno está planeando una extensión del programa de transferencias de efectivo a través de una enmienda constitucional. Hacerlo sin contramedidas profundizaría las preocupaciones sobre la estabilidad financiera y aumentaría las expectativas de inflación (el pronóstico promedio para la inflación de precios al consumidor del IPCA a fines de este año aumentó al 3,8% desde el 3,6%, según la última encuesta semanal FOCUS).
En México, la semana pasada se discutió en la Cámara de Diputados un plan para darle prioridad a la generadora estatal CFE para despachar electricidad generada con hidrocarburos, cambiando así el orden existente que favorece la energía renovable solar y eólica producida por empresas privadas. Posteriormente pasará al Senado para su confirmación. El partido gobernante, MORENA, y sus aliados tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, por lo que una aprobación total es muy probable.
La iniciativa tiene cuatro implicaciones importantes. Primero, pone en peligro más de 9.000 millones de dólares en proyectos de energía limpia adjudicados al sector privado en 2016-2017 como parte de la Reforma Energética de la anterior administración. Pero la carga para las finanzas del gobierno podría ser materialmente mayor, como lo demuestra la cancelación del Aeropuerto Internacional de Nuevo México (NAIM) en 2019.
Segundo, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) se pone en riesgo y podría traducirse potencialmente en juicios perjudiciales de otros países.
Tercero, eliminar el incentivo para que el sistema compre la electricidad más barata destruye la eficiencia derivada de la competencia entre productores. Esto podría traducirse en tarifas más altas para los consumidores y potencialmente obligar al gobierno a otorgar subsidios más altos.
Y cuarto, el cambio de reglas y cancelación de contratos de forma unilateral continúa dañando la confianza de los inversores. La inversión extranjera directa (IED) disminuyó un 12% el año pasado y la inversión fija bruta ha registrado 22 meses consecutivos en territorio negativo.
Sugerimos a los inversores que se mantengan al margen cuando se trata de activos brasileños. En renta fija, continuamos viendo mejores oportunidades en bonos soberanos mexicanos dentro de la región. Y en renta variable de mercados emergentes, recomendamos invertir en acciones chinas.
Tribuna de opinión de Esteban Polidura, director de Asesoría y Productos para las Américas en Julius Baer.
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Por MagdalenaMartinez