Desde 2007 estamos asistiendo a un fenómeno imparable en el mundo de la emisión de bonos financieros, los llamados “bonos verdes”. Fue en ese año cuando el Banco Europeo de Inversiones lanzó la primera emisión. Desde entonces todo tipo de emisores corporativos, financieros y no financieros, emisores públicos estatales, regionales, supranacionales, han emitido este tipo de deuda en un mercado que crece exponencialmente cada año.
Es cierto que en el añ 2018 se ha moderado el crecimiento, aun cuando las nuevas emisiones alcanzaron los 130.000 millones de euros. Y las previsiones de crecimiento en 2019 alcanzan cifras de 180.000 millones de euros.
El mundo ha evolucionado y muchos inversores no sólo piensan en términos de rentabilidad sino que desean que su aportación se destine a proyectos que redunden en beneficio de la sociedad.
Los bonos verdes o emisiones verdes se diferencian de los bonos convencionales en el destino final de los fondos obtenidos. Los bonos del estado, por ejemplo, tienen como objetivo financiar el déficit público. En el caso de los bonos verdes, el destino final ha de ser algún proyecto de carácter sostenible que contribuya a mejorar las condiciones del planeta. Por ejemplo, ese primer bono que hemos mencionado al inicio permitió ampliar la red eléctrica de Perú con energía solar, apostar por las energías renovables en México o instalar sistemas de riego eficientes en Túnez.
Si acudimos a la teoría, la definición de bono verde sería “cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o re-financiar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, ya sean nuevos y/o existentes y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los Green Bond Principles (GBP)”.
Estos cuatro componentes de los GBP son:
1. Uso de los fondos
2. Proceso de evaluación y selección de proyectos
3. Gestión de los fondos
4. Informes
Los Principios de los Bonos Verdes (GBP) son una guía de procedimiento voluntario que recomienda la transparencia y la divulgación de información, y promueve la integridad en el desarrollo del mercado de bonos verdes, clarificando el enfoque aplicable en la emisión de un bono verde. Cada año esta guía se revisa, incorporando consultas, aclaraciones y recomendaciones.
Los GBP recogen varias categorías genéricas para ser reconocido como proyecto verde y, por tanto, elegible para financiarse mediante un bono verde: el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire, agua o suelo. Los bonos pueden financiar proyectos relacionados con una o varias de estas categorías.
Se entiende que ciertos proyectos verdes pueden también tener beneficios sociales y que la clasificación del uso de los fondos de un bono como bono verde debe ser determinada por el emisor en base a los objetivos principales en los proyectos subyacentes. Los bonos que intencionadamente mezclan tanto proyectos verdes como sociales se denominan bonos sostenibles.
Otra categoría que está destacando son los bonos relacionados con el calentamiento global, los bonos verdes climáticos, que crecieron en la primera mitad de 2018 un 40% frente al mismo periodo de 2017 y representan ya un 13% del total de bonos verdes.
Estos datos que suministra el CBI (Climate Bond Iniciative), la entidad de referencia en la materia, no incluyen muchas emisiones que aunque se han comercializado como “verdes”, no cumplen sus criterios para ser considerados como tal. Se pone de manifiesto uno de los problemas de este tipo de emisiones. De hecho, el CBI informa de que el número de emisiones rechazadas por no ser suficientemente sostenibles (21.400 millones de euros) se ha duplicado respecto al año anterior.
El otro problema que está teniendo lugar actualmente es que algunos emisores no cumplen con la responsabilidad de informar suficientemente sobre el destino de los fondos captados. Se constata que los emisores de mayor tamaño suelen ser los que más cumplen; respecto a los países de origen de los emisores, 26 de 45 países analizados por CBI muestran un 90% o más de cumplimiento a la hora de informar.
La dificultad radica en que cada emisor tiene su metodología propia para elaborar los informes y no resulta fácil estandarizar. El CBI ha elaborado una serie de recomendaciones o “best practices” para suministrar la información de la manera más conveniente.
Este año 2019 será clave en cuanto a normativa en financiación sostenible en el seno de la Unión Europea, pues se publicará un informe de la Comisión elaborado por el Grupo de Expertos en Financiación Sostenible de la organización.
Este tipo de financiación seguirá creciendo con fuerza, dado que la propia regulación está favoreciendo que las inversiones sean sostenibles. La Comisión Europea impondrá nuevos índices bursátiles que en un periodo de tiempo no muy largo habrán de estar compuestos por empresas sostenibles.
Los gestores habremos de ir, por tanto, hacia inversiones sostenibles, así como recomendar las mismas a nuestros clientes. Lo “verde” que ahora se plantea como un añadido que aporta un diferencial positivo pasará a ser lo estándar e indispensable para poder seguir financiándose en el mercado de bonos.
Artículo de opinión de María Morales, responsable de Gestión de Renta Fija de GVC Gaesco Gestión.
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