Este no es un tema de países latinoamericanos. En el pasado, países como Australia, Bélgica, Colombia, Ecuador, España, Filipinas, Francia, Honduras, India, Irlanda, Italia y Panamá llevaron a cabo algún tipo de perdón / amnistía fiscal. Y otros como Dinamarca, Finlandia, Grecia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Portugal y Suecia también tuvieron, en algún momento, programas de reducción o quita para regularizar las situaciones fiscales.
Argentina finalizó la exteriorización de activos sobre finales del 2016. Sobre un PIB de 583.000 millones de dólares se ha logrado un sinceramiento de activos de 116.000 millones de dólares. El perdón implica un incremento del 12% del PIB en la base imponible de la economía.
En 60 años el país ha sancionado y ejecutado 20 de estos ejercicios con diferentes resultados; cabe destacar que todos ellos fueron hechos “por única vez”.
Durante muchos años y por motivaciones políticas, económicas o de seguridad, algunos ciudadanos han buscado refugio de sus capitales fronteras afuera. Las consecuencias de esta diversificación sobre todo en países en vías de desarrollo pueden tener un cierto impacto en la economía productiva y en el incremento de los costes de financiamiento tanto privado como soberano. Los efectos de la reducción en la recaudación de impuestos tienden a ser compensados con un aumento de la presión impositiva con posibles consecuencias en el desarrollo económico del país.
Creo que existen efectos a corto, medio y largo plazo de esta repatriación de capitales. Son por ahora imperceptibles al gran público, pero terminarán siendo mucho más relevantes en el 2017 y años subsiguientes.
Los efectos inmediatos son: baja del coste argentino, aumento de la recaudación impositiva, baja del déficit fiscal y posible mejora del riesgo crediticio no solo para el soberano sino también para los privados que necesiten acceder al mercado creditico tanto local como en monedas más fuertes que el peso. Con esa masa de inversiones posibles será más fácil el armado de un mercado de capitales que permita la financiación a plazos en moneda local.
Para acceder a la exteriorización, repatriación, los individuos deberán no solo pagar un impuesto especial sino que también deberán afrontar el pago sobre las ganancias de lo ahora declarado. Por ejemplo, un 35% sobre las ganancias que generen sus inversiones (no para los activos argentinos, ni para la deuda soberana brasileña o boliviana). La alternativa para evitar ese coste es tener una cartera invertida en bonos argentinos o de los países nombrados, o provinciales argentinos, los cuales están exentos.
Existe de todas maneras un efecto secundario. Las carteras de los argentinos están sobreexpuestas a papeles locales. Las carteras no están diversificadas.
Para ser justos, este éxito se consigue en el medio de severas restricciones al movimiento de los fondos no declarados en el exterior, un gobierno local que ha logrado generar confianza en los inversores, múltiples oportunidades de negocios en la Argentina y bajísimos retornos de las carteras a nivel internacional (recordemos que 8 billones de dólares de bonos están operando a tasas negativas).
El desafío que tenemos es lograr que dichas carteras consigan un nivel de diversificación y rentabilidad para tranquilidad de los clientes, banqueras y banqueros.
Tribuna de Raúl Ponte, Senior Portfolio Manager Beta Capital Wealth Management. Crèdit Andorrà Financial Group Research.
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Por AliciaMiguel