La necesidad de financiamiento para abordar los distintos desafíos económicos que enfrenta Chile, y el mundo en general, producto de la pandemia; y un escenario político y social revuelto, son algunos de los antecedentes que volcaron la atención en las personas de altos patrimonios como fuente de ingresos. Por el alcance global de la crisis sanitaria, voces como las del FMI y de la ONU, entre otras, se han sumado al debate en el sentido de que los denominados “súper ricos”, tienen un rol solidario que cumplir.
La idea ya está instalada en el país, pero es difícil entender cómo se va desarrollando el proyecto y cómo terminará la propuesta. Noticias asociadas al proyecto original y sus hasta ahora dos paquetes de indicaciones, hacen difícil hacerle seguimiento. En este artículo, intentaré resumir en simple el desarrollo se esta serie con final incierto, hasta el capítulo actual.
T1 E1: Proyecto original
En Chile, esta iniciativa se materializa en su origen, con un escueto proyecto de reforma constitucional, en el que simplemente se definía la idea de gravar a contribuyentes con un patrimonio bruto de más de $22,5 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019.
A poco andar, distintos expertos hicieron notar que, más allá de la tan discutida y cuestionada constitucionalidad de la medida, el proyecto no definía aspectos centrales en el diseño de un impuesto. Entre otros puntos, se expuso que la determinación de la base imponible era al menos insuficiente y que el proyecto no regulaba cómo se valoraría el patrimonio. Cuestionaron, además, que la definición de patrimonio bruto hacía muy poco sentido al no descontar los pasivos asociados a los activos que lo componían.
T1 E2: Indicaciones o modificaciones al proyecto
Por lo anterior, una indicación sustitutiva se hizo cargo del tema, reconociendo el descuento de los pasivos para el cálculo del patrimonio y fijando su valoración a las normas que regulan el impuesto a la herencia. En paralelo, y como medidas adicionales, el diputado Matías Walker (DC) incluyó un aumento de tasa al 30% de impuesto corporativo a los ingresos de la denominadas “megaempresas” y una derogación transitoria a la exención a la ganancia de capital en venta de acciones con presencia bursátil del artículo 107 de la Ley Sobre Impuestos a la Renta.
Sin perjuicio de que la oposición, incluyendo la opinión la diputada Camila Vallejos (PC) autora del proyecto, consideraba que las medidas de Walker apuntaban a la renta y no al patrimonio, ambas posturas llegaron a acuerdo y fusionaron las indicaciones. La indicación fusionada, se sometió a votación logrando su aprobación en la comisión por sietes votos a favor y seis en contra. Estos últimos, de parlamentarios oficialistas que cuestionaron la eficiencia recaudatoria de la medida.
En paralelo, y luego de aprobada la indicación, se votó la propuesta de un grupo de parlamentarios oficialistas quienes la concibieron argumentando razones de recaudación y eficiencia recaudatoria. Esta proponía, como alternativa al cuestionado impuesto a los altos patrimonios, modificar los incentivos actuales para el pago de un impuesto sustitutivo al FUT y una nueva “ventana” para regularizar capitales mantenidos en el exterior. El resultado fue un empate con seis votos en el que, de acuerdo con las actas legislativas, diputados de oposición, no estarían abiertos a crear una fórmula de recaudación que beneficie impositivamente a los que más tienen.
T1 E3: Proyecto aprobado en la Comisión y sometido a votación en la Cámara de Diputados
En resumen, luego de su discusión en la Comisión, el proyecto aprobado que pasó a votación de la Cámara de Diputados contiene tres modificaciones tributarias: a) el ya descrito impuesto a los “súper ricos” con los ajustes en la valoración del patrimonio; b) aumento transitorio a una tasa del 30% del impuesto corporativo por los años 2021 y 2022 a las “megaempresas” y c) Derogación transitoria durante 2021 y 2022 a la exención a la ganancia de capital en la venta de acciones con presencia bursátil del artículo 107 de la LIR.
En la Cámara de Diputados, se votó favorablemente la idea de legislar en general, pero ahora debe volver a la comisión para su discusión en particular. Esto, porque la aprobación y rechazo de las indicaciones antes descritas, no contaba con el quorum necesario para obviar el trámite legislativo. Sin perjuicio de lo anterior, no hay que olvidar que el Ejecutivo reservó acciones de constitucionalidad y que, de avanzar, podría recurrir al Tribunal Constitucional.
Próximos capítulos:
El proyecto regresa a la comisión de origen para su discusión en particular, luego deberá recorrer un largo camino legislativo y volver a la Sala de la Cámara de Diputados. Luego le queda pasar al Senado, tanto en comisión como en sala. Todo lo anterior, siempre que no se recurra a Tribunal Constitucional que podría frenar el proyecto en caso de detectar vicios constitucionales.
En resumen, en un escenario donde la idea y urgencia de recaudar, todo puede pasar. Eso, junto con los cuestionamientos constitucionales, visiones políticas cruzadas y negociaciones que buscan medidas de consenso, serán protagonistas de los próximos capítulos del thriller legislativo del momento. Mientras que, desde sus butacas, los espectadores, esperan el tan ansiado desenlace que permita dilucidar cómo financiar las múltiples necesidades que enfrenta Chile.
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