Australia, uno de los países más contaminadores per cápita en el mundo desarrollado, está explorando maneras de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones en un 5% por debajo de los niveles de 2000, para el año 2020. Una de sus iniciativas actuales, el mecanismo del precio del carbono, a menudo referido como el impuesto del carbono, requiere a los contaminadores que paguen una cantidad proporcional al equivalente de dióxido de carbono emitido durante un año determinado.
Sin embargo, el primer ministro Tony Abbott, elegido en septiembre, había hecho una promesa electoral de revocar este controvertido impuesto, aprobado hace dos años. A la luz de este potencial cambio, el debate sobre la forma de lograr el objetivo de emisiones de 2020 está sobre la mesa.
Bajo el sistema actual, los contaminadores deben comprar unidades de carbono hasta el nivel de sus emisiones. Estas unidades se establecieron inicialmente a un ritmo de aproximadamente 21 dólares por tonelada. A mediados de 2015, el número de unidades es programado para ser nivelado y la tarifa a aplicar a partir de entonces será fijada por el mercado a través de un formato de subasta. A cualquier exceso de emisiones en esta etapa se le cobrará una prima del 100% sobre el precio de subasta para el período, aumentando teóricamente los incentivos de las empresas para reducir la contaminación.
Los defensores del sistema argumentan que es la solución más rentable, y eventualmente, el incremento de los costes se trasladará al cliente. Sin embargo, un reciente informe del gobierno mostró que, durante un período de 12 meses, hasta septiembre, las emisiones bajaron un decepcionante 0,3%, a pesar de los 6.300 millones de dólares que le ha costado a la industria.
A la luz de la oposición al mecanismo actual, el nuevo gobierno está promoviendo una política climática alternativa de Acción Directa. Los detalles han sido relativamente escasos hasta ahora, pero un elemento central del plan es el mecanismo de «subasta inversa» en la que se distribuiría un fondo de 1.400 millones de dólares a aquellas empresas que sean capaces de reducir las emisiones al menor coste. Los críticos argumentan que bajo este sistema, los mayores contaminadores no serán castigados por haber fallado en la producción nociva y el verdadero coste de reducir las emisiones sería mayor de lo que es el mecanismo actual.
Encuestas recientes muestran que el público aún no se decidido por alguna opción en concreto. El consenso general parece favorecer la eliminación del impuesto sobre el carbono pero se muestra todavía escéptico sobre la adecuación de la política de acción directa como reemplazo. Dado que el 40% de las emisiones de carbono están más allá del alcance del impuesto y tendría pocos incentivos dentro de la política de acción directa propuesta, es poco probable que cualquier resolución sea una solución definitiva.
En su forma actual, la eliminación del impuesto sobre el carbono aliviaría a corto plazo a las empresas australianas de una carga, pero las preocupaciones seguirían existiendo. Algunos dicen que los objetivos de reducción actuales son insuficientes, y las conversaciones sobre el clima mundial fijadas para el próximo año en París, pueden poner presión adicional sobre el gobierno para revisar sus objetivos de emisiones a largo plazo.
Colin Dishington, CA, analista de Matthews Asia
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