El Partido Popular ha enviado un documento de negociación a PSOE y Ciudadanos, en el que se contemplan nuevas propuestas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas. En este contexto, Gregorio Gil de Rozas, Head of Retirement de Willis Towers Watson España, y experto en pensiones, analiza las reformas que se podrían tomar.
Según el experto, garantizar la sostenibilidad de las pensiones es el principal reto que tiene el futuro Gobierno. El sistema está en déficit y requiere reformas estructurales en varios ámbitos, entre las que destaca la importancia de fomentar el ahorro privado, preferiblemente a través de planes de empresa, para compensar la futura bajada de las pensiones públicas.
También habla de la posibilidad de buscar nuevas fuentes de financiación: las pensiones no contributivas, incluidas las de supervivencia, deberían financiarse con impuestos, dice.
Además, está la idea de acortar los plazos de aplicación de las medidas tomadas de recorte de gasto (la aplicación del factor de sostenibilidad, el diferimiento de la edad de jubilación y la consideración de los períodos de cotización).
Además, se podrían tomar nuevas medidas de recorte de gasto bajo el principio de que las pensiones siempre deberían ser suficientes. Y, también, comunicar a todos los ciudadanos su pensión de jubilación esperada, un proyecto que estaba previsto para el año pasado pero que finalmente se abortó.
Todo ello debería hacerse con el consenso entre los principales partidos políticos para que no sea un arma electoral, dice. “Exigimos altura de miras a nuestros políticos en este tema”.
¿Qué aportaría la mochila austríaca?
En cuanto a la mochila austríaca, se trata de un fondo que se dota para financiar el despido que incentive la movilidad laboral sin perder derechos adquiridos y que se convierta, de no ser despedido el trabajador, en un complemento a su pensión.
“Tiene un doble impacto, acertado por nuestra parte, ya que pretende ir financiando una parte de la indemnización ante un potencial despido futuro por parte de la empresa pero a su vez complementa la prestación pública de jubilación si éste no se produjera”, explica. “La idea es buena siempre que se otorgue máxima seguridad al empleado de que ese fondo se aplicará sólo para ese fin y para ello debería ser un fondo o seguro externo e independiente del balance de la compañía, es decir, una especie de seguro de jubilación o plan de pensiones que se podría cobrar de forma anticipada en caso de despido. Sería un coste adicional para las empresas pero que se iría periodificando año a año”, explica.
