La policía federal de Brasil está llevando a cabo arrestos temporales como parte de la investigación que se está realizando sobre los mayores fondos de pensiones del país, el último de una serie de casos de corrupción que han sacudido la mayor economía de América Latina.
La policía ha comunicado que hay evidencias de una presunta trama de crimen organizado entre los líderes empresariales, gestores de fondos de pensiones, compañías que califican activos y gestores de fondos de private equity. La operación, denominada Greenfield, busca investigar un supuesto fraude por desvío de activos en los cuatro mayores fondos de pensiones del país, vinculados a empresas estatales: Funcef (Caixa), Petros (Petrobras), Previ (Banco do Brasil) y Postalis (Correio).
La operación investiga posibles fraudes que han causado déficits millonarios a los fondos de pensiones. La investigación se basa en 10 casos: se han descubierto irregularidades e ilegalidades en por lo menos ocho de ellos, incluyendo Fondos de Inversión en Participaciones (FIP), instrumentos utilizados por los fondos de pensiones para adquirir participaciones accionariales en empresas, que son considerados las divisiones de private equity de los fondos.
Según los investigadores del caso, las adquisiciones de cuotas de FIP eran precedidas por valoraciones económicas y financieras irreales, así como técnicamente irregulares, con el objetivo de sobreestimar el valor de los activos de la empresa aumentando de forma artificial la cuantía total que el fondo de pensión debía pagar por la participación accionarial indirecta en la empresa. Los fondos de pensiones pagaban por las cuotas una cuantía mayor a la real, sufriendo una pérdida de partida, independientemente del éxito que la empresa fuese a tener en el futuro.
El alcance del nuevo caso de corrupción
La tesis policial estima que la pérdida podría elevarse a los 8.000 millones de reales (unos 2.400 millones de dólares). Unos 600 efectivos de la policía están ejecutando unas 127 órdenes judiciales, incluyendo unos siete arrestos temporales. Las autoridades judiciales han ordenado la incautación y congelación de activos de 103 personas físicas y jurídicas.
La investigación involucra a una serie de bancos e instituciones financieras, entre ellas Banco Santander Brasil, Bradesco Asset Management y Caixa Económica Federal, así como la constructora WTorre, la auditora Deloitte Touche Tohmatsu y las empresas de ingeniería OAS y Engevix.
Entre las órdenes de detención más prominentes, se encuentran la de los empresarios y hermanos Wesley y Joesley Batista, ambos son responsables del grupo J&F Investimentos, controlador de empresas como JBS, una de las mayores empresas en la industria cárnica a nivel mundial y de la empresa productora de celulosa Eldorado Brasil Celulose.
Los fondos Petros y Funcef habrían invertido unos 550 millones de reales en Eldorado en 2009 y a cierre de diciembre de 2015 la participación estaba valorada en unos 3.000 millones de dólares, unos 920 millones de dólares, según J&F informaba en un comunicado, añadiendo que los ejecutivos de la empresa estaban cooperando con las investigaciones y están a disposición de las autoridades.
La Comisión de Valores Mobiliarios, el organismo regulador de valores en Brasil, comentó en un comunicado que la investigación que llevo a este operativo comenzó hace un año y medio.
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