La entrada en vigor del reglamento relativo a documentos de información clave para productos de inversión minoristas y de seguros empaquetados (PRIIPs) se retrasa un año. Este retraso se hizo oficial el pasado 23 de diciembre con la publicación en el Diario oficial de la UE del Reglamento (UE) 2016/2340, que vino a sellar el anuncio realizado por la Comisión Europea el pasado 9 de noviembre acerca de su intención de retrasar la fecha de aplicación del Reglamento PRIIPs hasta el 1 de enero de 2018. Tanto MiFID II como PRIIPs entrarán en vigor en 2018.
Según explica Ana García Rodríguez, socia responsable del Departamento bancario y financiero en la oficina de Madrid de Baker & McKenzie, “esta decisión fue tomada como consecuencia de las objeciones que presentó el Parlamento Europeo al rechazar los estándares técnicos regulatorios (RTS) sobre el nuevo documento de información fundamental para los inversores (KID). La Comisión Europea justificó en su momento esta decisión en aras de garantizar una seguridad jurídica para el sector y una “fluida implementación para los consumidores europeos”. Sin embargo, parece que este retraso es del agrado de la mayoría de los estados miembros y del Parlamento Europeo, quienes se mostraron a favor de dicho aplazamiento”.
Así, el Parlamento y el Consejo consideran que un aplazamiento de doce meses «dará más tiempo a las partes interesadas para cumplir los nuevos requisitos a la luz de las circunstancias excepcionales». Como explica García Rodríguez, “en consecuencia, esperemos que el retraso en la entrada de PRIIPS, a contrario de lo que ocurre con MiFID II, nos de la posibilidad de contar con un timeline que nos permita implementar de forma progresiva y paulatina este reglamento y no esperemos hasta el último momento para implementar las reformas”.
Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Europea ha procedido al envío de una carta a las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA) especificando los cambios que considera deben incorporarse en el nuevo RTS de PRIIPs. La contestación por parte de estas autoridades no se hizo esperar y el mismo día de la publicación del retraso en el Diario oficial de la UE, contestaron a la Comisión poniéndose a su disposición para abordar las alternativas planteadas, explica la experta.
“Se pretende así cubrir algunas de las preocupaciones planteadas por el Parlamento Europeo (por ejemplo, escenarios de rentabilidad, advertencia de comprensión y presentación de costes relacionados con seguros), sin comprometer el consenso previamente alcanzado”, añade García Rodríguez.
Por Alicia Miguel Serrano