Las autoridades uruguayas trabajan a marchas forzadas para terminar la reglamentación de la ley contra el lavado de activos, aprobada a finales de 2017, y en esta fase están contemplando la petición de los bancos relativa al secreto bancario.
Las grandes instituciones bancarias internacionales han pedido que se cambie la legislación actual, que prohíbe expresamente que un mismo banco intercambie información de un cliente entre su filial local y otra en el exterior.
Desde el sector financiero se considera que el cambio atiende a las recomendaciones de GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales), ya que necesitan intercambiar información para prevenir el lavado en el caso de clientes que operan desde diferentes jurisdicciones.
Según informó el diario local El País, Uruguay es actualmente uno de los pocos países del mundo que prohíbe ese intercambio de información para proteger el secreto bancario. El mismo medio afirmó que tanto el ministerio de Finanzas uruguayo como el Banco Central están estudiando el cambio legislativo.
Menos exigencias para los escribanos
Los resultados de Uruguay serán evaluados el año que viene por el el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Y en ese contexto apura los detalles de la reglamentación con los principales sectores profesionales afectados por la nueva ley contra el lavado de activos.
La semana pasada, un tribunal uruguayo abrió una brecha en la aplicación de la normativa. Así, la escribana que intervino en la tasación de inmuebles de un narcotraficante mexicano (entre 2012 y 2016) fue absuelta del delito de asistencia de lavado de activos que imputaba la fiscalía.
La justicia consideró que los controles realizados por la profesional fueron correctos, según la resolución que publicó el semanario Caras y Caretas.
En este contexto, las autoridades estudian contemplar las quejas de la Asociación de Escribanos de Uruguay y rebajar las exigencias de control a las que están sometidos. Así, los profesionales del sector tendría criterios menos exigentes que en el sector financiero.
Según la nueva ley uruguaya, las inmobiliarias, contadores, casinos y asociaciones civiles (además de escribanos y actores de la industria financiera) tienen la obligación de reportar a las autoridades cualquier operación dudosa.