Los contribuyentes argentinos que entraron en el proceso de blanqueo fiscal con el que el presidente Mauricio Macri empezó su mandato en 2016 son de nuevo golpeados por un proyecto que aumenta la tributación de los bienes radicados tanto en el país como en el exterior. Se aumenta el gravámen a las cuotapartes de fondos mutuos, entre otros. Algunos expertos tributaristas hablan de “emboscada” y denuncian un ambiente de inseguridad jurídica.
El proyecto de ley para modificar el impuesto a los bienes personales, que ya empezó su tramitación parlamentaria, sube el mínimo no imponible y aumenta la presión en varios tramos (o alícuotas) que se calculan según en volumen de lo declarado.
Los bienes gravados pueden estar tanto en el territorio nacional como en el extranjero y son: inmuebles, automóviles, billetes (moneda nacional o extranjera), cuentas corrientes bancarias, cuotapartes de fondos comunes y otras inversiones no exentas y obras de arte y antigüedades, entre otros. Están exentos los saldos de plazos fijos bancarios y cajas de ahorro, los títulos públicos y los bienes inmateriales como marcas y patentes.
Se calcula que con la reforma el impuesto alcanzará a 400.000 personas más, y que aquellos que ya tributan, a partir de 2019 pagarán más.
Entrevistado por el diario argentino Ámbito Financiero, el tributarista César Litvin planteó que el nuevo esquema que se analiza en el Congreso es «una emboscada» para aquellos que entraron al blanqueo de bienes. El especialista consideró que también se «afecta a la seguridad jurídica» ya que se cambiaron las reglas de juego en apenas unos meses y se incumplió la promesa que hizo el gobierno de que no se subirían los impuestos.
Por su parte, el sitio web iProfesional asegura que las demandas de cambio de residencial fiscal de los argentinos se han disparado al conocerse el contenido de la reforma. El aumento del impuesto no alcanzaría a los extranjeros con bienes en Argentina.
