La Secretaría Antilavado de Uruguay ha empezado a investigar la procedencia del dinero relacionado con la compra de coches de lujo, después de que varios vehículos que circulan por el país estuvieran presuntamente relacionados con el lavado de activos.
Así, las automotoras podrían incluirse en la lista de agentes que deben de informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa, según informa el diario local El Observador. La nueva ley uruguaya, votada el pasado 20 de diciembre, obliga a abogados, contables, escribanos, agentes financieros, casinos y ONGs (entre otros), a señalar cualquier movimiento irregular.
Según el texto, «estos agentes deben informar las transacciones que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, o se presenten sin justificación económica o legal evidente».
Pero la venta de coches de lujo, embarcaciones y aeronaves está por ahora excluida de la lista de operaciones que pueden incluir el riesgo de lavado, porque se considera que ese tipo de vehículos son poco numerosos en Uruguay.
La nueva legislación uruguaya, que pone al país en regla con la legislación internacional, establece que la defraudación fiscal es precedente del lavado de activos, así como secuestro, la extorsión, y el tráfico de armas.