A falta de su desarrollo normativo en España, la implantación de MiFID II permitirá más seguridad, eficacia y transparencia en los mercados para lograr una mayor protección de los inversores. Unas premisas que provocarán un importante cambio en el modelo de negocio de asesoramiento financiero y en la gestión de los productos financieros en nuestro país.
Según el informe Nuevos Modelos de Negocios en el Asesoramiento Financiero tras las Modificaciones Regulatorias de MiFID II, elaborado por EFPA (Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera en España) y el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles), esta nueva regulación será el detonante para experimentar cambios en el negocio y en la forma de trabajar de los asesores financieros. Los autores del estudio apuntan que previsiblemente las entidades financieras optarán de forma mayoritaria por un modelo de asesoramiento no independiente y que sitúe al cliente en el centro de sus servicios.
Entre las novedades clave que aporta MiFID II, se añade al concepto de asesoramiento el adjetivo independiente o no independiente, diferenciados en función de si se evalúa o no una gama suficiente de instrumentos financieros disponibles en el mercado, y por la forma de cobro (siempre directo, en el caso del independiente). Con todo, los expertos explican que los dos modelos convivirán en España y descartan los estigmas: “No es que uno sea malo ni otro bueno, simplemente son dos formas diferentes de desarrollar el negocio”, aclara Sergio Miguez, profesor del Departamento de Investigación del IEB y director de Relaciones Institucionales de EFPA España.
En este sentido, el valor de la cartera, la capacidad del cliente para diferenciar los servicios de la cadena de valor y la forma en que monetizar el asesoramiento, es decir, la eliminación o no de las retrocesiones en la prestación del servicio, serán factores determinantes para elegir entre uno u otro. “En España, la gestión de comercialización de fondos y el asesoramiento se ha centrado en la banca, por lo que es lógico que en un primer momento se desarrollen modelos de asesoramiento no independiente y de arquitectura cerrada”, señala Jesús Sarria, del departamento de Investigación del IEB. Sin embargo, en el caso de los grandes patrimonios es previsible pensar que primará el asesoramiento independiente y que las entidades serán capaces de ofrecer este servicio para estos clientes.
El informe recoge un estudio demoscópico elaborado por EFPA España, que ha realizado un sondeo entre 1.167 asesores financieros para testar el impacto de MiFID II en el sector y en el cliente. Según lo recabado, más de la mitad de los consultados, un 54%, cree que el mercado transitará hacia un modelo dual de asesoramiento; es decir que se tenderá hacia modelos mixtos y de arquitectura guiada. Siete de cada diez creen que los clientes de segmentos de banca personal o superior estarían dispuestos a pagar explícitamente por el servicio de asesoramiento si perciben un valor añadido. En cambio, los asesores de EFPA no tiene claro si las entidades bancarias dejarán de prestar el servicio de asesoramiento a clientes minoristas, como ya ha ocurrido en países como el Reino Unido.
Concentración y digitalización
En este escenario, el desarrollo de uno u otro modelo también hace prever que haya movimientos de concentración en el sector y una primera fase en que los asesores digitales crezcan, “aunque su tracción será limitada entre los clientes de banca privada”, según ha matizado Miguez.
Aunque el negocio está controlado por las grandes entidades financieras, según Sarria, “estamos ante el crecimiento de otros modelos como las redes de agentes financieros, EAFIs, y sociedades y agencias de valores”.
Como ha recordado Santiago Satrústegui, vicepresidente de EFPA España, habrá que esperar a la transposición que se haga en España de la normativa MiFID II para ver sus verdaderos efectos. “Por ahora lo que está claro es que por delante hay tres grandes temas por aplicar: lo que tiene que ver con la gobernanza de los productos, con las remuneraciones por los servicios y con la acreditación y formación del personal involucrado en la prestación de servicios de inversión”.
Por Alicia Miguel Serrano