La Superintendencia de Pensiones emitió una resolución, la N° 102 , que aprueba el modelo de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) para las AFP y la AFC. La nueva metodología incorpora la evaluación de nuevos riesgos como el reputacional, el estratégico y el de conducta de mercado y considera nuevas herramientas de mitigación de riesgos. Es aplicable a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
De acuerdo con la Superintendencia, «esta metodología de fiscalización busca que las entidades identifiquen, monitoreen, controlen y mitiguen los riesgos más críticos que enfrentan, incentivándolas a gestionar los que puedan amenazar y afectar el servicio que prestan a los afiliados y beneficiarios de ambos sistemas».
Cabe recordar que dicha resolución fue publicada previamente en el sitio web institucional para comentarios del público y de los diversos agentes del mercado entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2017. Durante dicho período se recibieron comentarios de siete entidades.
La nueva metodología —activada tras las modificaciones introducidas por Ley de Productividad promulgada en octubre de 2016— reemplaza la que estaba en aplicación desde el año 2010 y comenzará a regir obligatoriamente para las AFP y la AFC a partir del 1 de mayo de 2018. La Superintendencia, en el ámbito de las funciones y atribuciones también supervisará la gestión de riesgos de los procesos que se definen como claves para el Instituto de Previsión Social (IPS). Los resultados de la evaluación de la gestión de riesgos se notifican a los directorios de cada entidad una vez al año.
Además de la Resolución antes mencionada, la Superintendencia emitió las Normas de Carácter General N° 216 para las AFP y N° 50 para la AFC, que complementan la regulación vigente sobre principios y lineamientos generales de buenas prácticas, la cuales también comenzarán a regir el 1 de mayo de 2018. Las normas fijan nuevas recomendaciones de buenas prácticas referidas al manual de políticas y procedimientos de gestión de riesgos de la entidad fiscalizada y al documento que contiene los principios éticos que la rigen, documentos que actualmente son exigidos por la Superintendencia. Además se exige el nombramiento de un gerente de riesgos y se refuerza el rol del auditor interno de la entidad.
«Todos estos cambios normativos buscan que las AFP y la AFC refuercen sus mecanismos internos de mitigación de riesgos, de modo tal de que mejoren sus estándares en beneficios de sus afiliados», concluyó la Superintendencia.