Un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) incluyó a Uruguay entre las jurisdicciones con “incentivos fiscales dañinos” por su régimen de zonas libres de impuestos (zonas francas) y pidió modificaciones del mismo antes de octubre del 2018, anunció el diario El País.
Uruguay, que forma parte de los países adheridos al llamado plan BEPS contra las prácticas de evasión fiscal, está tramitando en el parlamento una modificación del régimen de zonas francas para adaptarse a las exigencias de la OCDE.
En su informe, la OCDE señala que los regímenes que señala están en vías de modificación.
La OCDE exige que las empresas que se benefician de las ventajas de las zonas francas tengan actividad real. Por ello, el gobierno uruguayo prevé exigir que todas las compañías de zonas francas presenten en el plazo de un año documentación sobre el cumplimiento de varios objetivos: el empleo de mano de obra uruguaya, la promoción de las inversiones y exportaciones, y el incentivo a la integración económica internacional.
Estos nuevos requerimientos valen para todas las empresas, sea cual sea la etapa de su contrato, y de no cumplirse sería rescindido el acuerdo en junio del 2021. Así, la empresa perdería sus beneficios de exoneración tributaria.
Martín Rubisntein, asesor tributario de UhYGubba & Asociados, explicó a Funds Society que lo más posible es que estas nuevas exigencias aumenten los trámites y las cargas administrativas de las empresas, pero que la mayoría de las firmas podrán sortear el obstáculo.
“Si una empresa mantiene el cupo de empleos uruguayos, tiene su estructura montada en Uruguay (oficinas, personal administrativo, etc), y trabaja para terceros países, ahí mismo ya está cumpliendo el objetivo de la ley de las Zonas Francas y no debería de tener ningún problema con la reforma”, dijo Rubinstein.
Gran parte de la industria financiera uruguaya está instalada en estos enclaves exonerados de impuestos.
Fuentes parlamentarias aseguraron que la comisión que se encarga de la reforma está buscando un texto de consenso entre gobierno y oposición, proyecto que fue presentado también a la Cámara de Zonas Francas. Se espera que el texto definitivo sea votado en noviembre.
