El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad español abrió el miércoles una consulta pública sobre el anteproyecto de ley de transposición de la Directiva MiFID II, que debe llevarse a cabo antes del próximo 3 de julio.
En ella se recabarán opiniones respecto a las distintas cuestiones que plantea la directiva, que entrará en vigor en 2018. Mientras la industria duda de que se puedan cumplir los plazos, fuentes del Tesoro Público aseguran que el Ministerio de Economía, que trabaja conjuntamente con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, «hará todo lo que esté en su mano para llegar a tiempo».
En una reciente presentación en Madrid, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, aseguraba que está trabajando “intensamente” para cumplir los plazos en lo que a la transposición en España de la normativa MiFID II se refiere, colaborando en la elaboración de los borradores a través de grupos conjuntos con el Ministerio de Economía. Aunque reconoció retrasos, anunció el documento de consulta que ahora se lanza, lo que “muestra que todo está marcha y en pocos meses esperamos tener un texto para poder cumplir el objetivo de la entrada en vigor en enero de 2018”, decía.
Albella reconoció que la CNMV está “preocupada” por la necesidad de emitir criterios cuando antes y por ayudar a orientar a las entidades, para que puedan adaptarse a la nueva normativa: “Nuestra relación con las entidades ya es fluida y queremos intensificar esa labor de orientación”. Por ejemplo, dice, una idea sería “difundir ya” criterios formados con respecto a los aspectos que ya están claros. “Tenemos esa sensibilidad desde la CNMV y trataremos de hacerlo lo mejor posible”, añadió el presidente.
Por Alicia Miguel Serrano
