La industria reclama coherencia a la Unión Europea a la hora de desarrollar toda la regulación que afecta a la inversión y a la financiación sostenible. La última en pedirlo ha sido la Asociación Europea de Fondos de Inversión y Gestión de Activos (Efama, por sus siglas en inglés), quien ha solicitado a las Autoridades Europeas de Supervisión (ESAs, por sus siglas en inglés) que esa coherencia también se dé entre las métricas de los KPI de la taxonomía utilizadas por las empresas financieras para las divulgaciones relacionadas con la taxonomía en el SFDR.
En concreto, Efama pide que “el acto delegado de taxonomía del artículo 8 y la fórmula de ecología de la cartera en la etiqueta ecológica de la UE para los productos financieros minoristas tengan coherencia”.
Además, desde esta organización advierten de las dificultades que la industria se está encontrando a la hora de cumplir el calendario que las autoridades europeas han establecido. Dado que las empresas no empiezan a informar sobre su alineación con la taxonomía hasta 2022, Efama sugiere que los requisitos de divulgación periódica de nivel 2 no entren en vigor hasta 2023, ya que los inversores no dispondrán de los datos para la divulgación periódica hasta 2022.
“Si las RTS modificadas se adoptan en el tercer trimestre de 2021, el calendario no dejará tiempo suficiente para cumplir los nuevos requisitos de divulgación antes de la fecha de aplicación del 1 de enero de 2022. Instamos a la Comisión Europea a que prevea un período de transición durante el primer año de aplicación de la taxonomía a las divulgaciones de nivel 2 de las entidades financieras, concretamente los artículos 5, 6 y 8 de la taxonomía. Una aplicación transitoria de las nuevas modificaciones de las RTS relacionadas con la taxonomía que se están consultando actualmente también limitaría el número de veces que habrá que actualizar los documentos precontractuales y aportaría más claridad a los inversores finales”, propone Dominik Hatiar, asesor de política regulatoria de Efama.
Otro de los aspectos que advierten desde Efama es que el enfoque de la Comisión sobre los activos no evaluables (como los bonos soberanos, el efectivo o las materias primas) “debe encontrar un equilibrio entre los principios de comparabilidad, concisión y pertinencia”. La organización argumenta que si bien la inclusión obligatoria de todos los activos podría aumentar la comparabilidad, también “diluiría significativamente el coeficiente de alineación de la taxonomía y penalizaría indebidamente a los fondos con alta exposición a activos que no tienen ninguna posibilidad de alinearse con la taxonomía”. Por lo tanto, Efama recomienda que la proporción de activos no evaluables se divulgue como un indicador secundario.
Por último, Efama pone el foco en la “gran carga” que se impone a los participantes en el mercado financiero para cumplir con los requisitos de divulgación del reglamento SFDR y la taxonomía cuando no se dispone de datos precisos, coherentes y comparables sobre la alineación de la taxonomía. Esa “gran carga” supone también, en su opinión, un coste relevante. “Debido a la concentración del mercado entre los proveedores de datos, investigaciones y calificaciones ASG, existe el riesgo de que los proveedores de datos de taxonomía cobren elevadas comisiones, lo que supondría un aumento de los costes para los inversores finales y crearía barreras de entrada para nuevos actores e inversores sostenibles”, advierte en este sentido.
Por m.sedo
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