El ministro de Hacienda chileno, Felipe Larraín, junto al encargado de Negocios y jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Chile, Stephen Liston, han firmado esta semana el convenio de cooperación entre Santiago y Washington para facilitar la implementación en Chile de la legislación norteamericana “Foreign Account Tax Compliance Act” o “Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras” de 2010 (más conocida como FATCA), informó el Ministerio de Hacienda.
«Se trata de un acuerdo de gran relevancia para el sector financiero chileno que deberá dar cumplimiento a esa normativa, que se suscribe al amparo del Convenio de Doble Tributación previamente firmado con Estados Unidos y que se concreta tras más de un año y medio de negociaciones entre las autoridades de ambos países», informaron desde el Gobierno chileno.
Chile se suma así a otros países en firmar un convenio intergubernamental con Washington para cumplir con FATCA. Dinamarca, Islas Caimán, Alemania, Irlanda, México, Noruega, España, Reino Unido, Francia y Costa Rica, entre otros. Mientras que países como Japón y Suiza han optado por el modelo 2, es decir, las entidades financieras reportarán directamente al IRS.
El Secretario de Estado sostuvo que “nos da mucho gusto anunciar que hemos llegado a este acuerdo intergubernamental que tiene por finalidad colaborar con el Gobierno de Estados Unidos en su esfuerzo de combatir la evasión fiscal internacional y facilitar el cumplimiento de esta regulación por parte de las instituciones financieras locales”
Al respecto, explicó que FATCA «tiene por objetivo combatir la evasión fiscal, para lo cual se establece para las instituciones financieras del mundo, incluidas las chilenas, la obligación de colaborar enviando a la autoridad tributaria de Estados Unidos (“Internal Revenue Service” o “IRS”) información respecto de las cuentas o productos financieros mantenidos por contribuyentes norteamericanos en Chile, sujeto a ciertas obligaciones de debido cuidado, reporte y sanciones o retenciones en caso de incumplimiento.
Con la firma del Acuerdo Intergubernamental, las instituciones financieras chilenas a las cuales les resulta aplicable FATCA se verán beneficiadas, ya que cesan respecto de ellas las obligaciones más gravosas de la regulación FATCA y se establece con claridad el rol que le corresponderá al Servicio de Impuestos Internos, como autoridad tributaria local, en la interacción y colaboración con el IRS.
Asimismo, mediante la suscripción del acuerdo y en la medida que se de cumplimiento a las obligaciones de entrega de información bajo los criterios del Convenio firmado, no se aplicará respecto de las instituciones chilenas (incluyendo por ejemplo los fondos de pensiones) el impuesto de retención del 30% en Estados Unidos respecto de rentas con fuente en el país del norte, que es la máxima sanción impuesta por FATCA a las instituciones financieras del mundo. Este impuesto comienza a regir para países que no hayan firmado acuerdo con EE.UU en julio de 2014.
La firma de este acuerdo se enmarca dentro del compromiso chileno de alcanzar los más altos estándares en materia de transparencia fiscal e intercambio de información tributaria para combatir así la evasión fiscal mundial. Chile es actualmente miembro de iniciativas OECD sobre transparencia fiscal y firmó recientemente la Convención Multilateral de Mutua Asistencia Administrativa en Materia Fiscal (MAAT).
Por su parte, el funcionario estadounidense aseguró que “nos satisface el compromiso de Chile para intensificar nuestra cooperación, para mejorar el cumplimiento tributario internacional. Quiero agradecer especialmente al Ministro Larraín y su equipo en Hacienda por su labor y cooperación con el Departamento del Tesoro para concluir este acuerdo».
Stephen Liston dijo, además, que “el acuerdo que firmamos hoy, constituye un importante paso en nuestros esfuerzos de colaboración para combatir la evasión fiscal internacional, un objetivo que beneficia a nuestros países mutuamente”.
Acuerdo Intergubernamental Modelo 2
Felipe Larraín explicó que Chile optó por suscribir un convenio intergubernamental bajo el modelo 2 ofrecido por el Gobierno de Estados Unidos, que implica que no hay intercambio automático sino que cada institución financiera deberá enviar al IRS información de las cuentas financieras mantenidas por contribuyentes norteamericanos, previo consentimiento del titular, lo que es consistente con la legislación chilena en la materia.
En caso de no existir consentimiento del titular, las instituciones financieras sólo deberán reportar información agregada de los inversionistas contribuyentes de EE.UU. Si la autoridad tributaria norteamericana requiere mayor información para sus objetivos de prevención de evasión fiscal, deberá formular un requerimiento de información conforme al mecanismo de intercambio de información que ya estaba negociado en el Convenio para Evitar la Doble Tributación firmado entre Chile y Estados Unidos en 2010, actualmente en proceso de ratificación en los Congresos de ambos países.
“En la negociación de este convenio hemos buscado balancear el objetivo de contribuir al esfuerzo global de colaboración de la evasión fiscal internacional con la búsqueda de soluciones que más se ajusten a la legislación chilena”, sostuvo el titular de Hacienda, quien agregó que el entendimiento con EE.UU «está acompañado del ingreso al Congreso Nacional en el día de ayer del acuerdo para evitar la doble tributación entre Chile y Estados Unidos».
Según el ministro, la firma de este acuerdo permite también «enviar una señal de tranquilidad y de certidumbre a nuestro sector financiero, que estaba muy preocupado por la pronta entrada en vigencia de FATCA y el efecto que ésta podía tener.
Según explica el ministerio, la negociación del acuerdo intergubernamental con Washington permitió excluir de la aplicación de FATCA al sistema de pensiones chileno y los distintos productos contenidos en el Decreto Ley 3.500, incluyendo a la renta vitalicia previsional. También permitió excluir de FATCA a otras instituciones o productos financieros relevantes como el seguro de desempleo y su administradora, y las cooperativas de ahorro y crédito cuyos activos según balance no excedan de 175 millones de dólares, entre otros.
