El presidente de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI), Carlos García Ciriza, ha reclamado la unificación de la normativa relativa a la información sobre productos financieros. Tras la reciente entrada en vigor del llamado ‘semáforo’ de los riesgos financieros y la llegada de una nueva normativa europea a final de año, García Ciriza apunta que “tendremos tres tipos de normas para calificar los productos financieros: las de la CNMV, que califican los fondos de inversión según su volatilidad, con una escala de 1 a 7; el semáforo de los riesgos, con una escala de 1 a 6 y diversas advertencias; y las normas europeas para los productos de inversión minorista empaquetados (PRIIP, por sus siglas en inglés, Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products)”.
Para el presidente de ASEAFI es importante que se unifiquen criterios ya que así será más fácil que la normativa cumpla su función: proteger al inversor minorista. García Ciriza ha recordado que a partir del 31 de diciembre de 2016 llegará la última regulación en materia de productos financieros, la relativa a los PRIIP y derivada del reglamento comunitario aprobado en 2014.
En su opinión, este exceso de regulación provoca el efecto contrario y genera confusión. El objetivo de todas estas normas es evitar problemas como el de las participaciones preferentes. “Más que poner colores o números a los productos, es esencial tener un buen asesoramiento, que no haya conflictos de interés, que quien te recomiende el producto no sea el mismo que lo emite”, concluye García Ciriza.
El presidente de ASEAFI no solo defiende la unificación de normas sino también de supervisores. Con ello, se suma al debate sobre el sistema de regulación y supervisión en España, en el que el Banco de España supervisa las entidades de crédito; la CNMV, las empresas de servicios de inversion; y la Dirección General de Seguros, los seguros y los planes de pensiones. “Es un sistema que desorienta al inversor”, explica García Ciriza, que coincide con quienes defienden que España debería igualarse a otros países de la Unión Europea con el llamado modelo «Twin Peaks» en el que el sistema de supervisión se articula en torno a dos organismos.
