Pese al impacto del COVID-19 a nivel global, la rápida evolución de la regulación en materia de financiación sostenible ha seguido su curso. Según Stephanie Maier, directora de inversión responsable de HSBC, “estos cambios están destinados a transformar la manera en que se gestiona el capital, y serán fundamentales cuando consideremos cómo puede ser nuestra recuperación económica”.
En este sentido, la experta señala cinco tendencias políticas y regulatorias que conforman el panorama de la inversión sostenible. Según su opinión, la primera de ella tiene que ver con el marco regulatorio. «Las pretensiones regulatorias son altas y están pasando a primer plano en algunas jurisdicciones», apunta.
Normalmente, los reglamentos suelen ser reactivos, sin embargo, Maier señala que la Comisión Europea fue una de las primeras instituciones en comprometerse a elaborar un enfoque regulador para construir un sistema financiero que se apoye en el crecimiento sostenible. Además, en consultas recientes sobre estrategia de financiación sostenible, se exponen otras esferas en las que la normativa podría intervenir. Entre ellas, Maier subraya el aumento de la inversión en proyectos sostenibles, una mayor integración de los riesgos climáticos y ambientales en el sistema financiero o el apoyo tanto al Acuerdo Verde Europeo como al Plan Europeo de Inversiones Sostenibles.
En esta línea, los estados miembros de la Unión Europea han situado el Acuerdo Verde Europeo como un elemento importante en la planificación de la recuperación a medio y largo plazo después del COVID-19. No obstante, “en el caso de la segunda economía más grande del mundo, el papel de la política de financiación sostenible está firmemente consolidado; y es probable que otros sigan el ejemplo a medida que los mercados de toda Asia vean las oportunidades de desbloquear las finanzas sostenibles”, añade Maier.
En segundo lugar destaca que la regulación de la financiación sostenible se está acelerando. “Las empresas están acelerando el ritmo de elaboración de reglamentos centrados en la divulgación de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y, en particular, los factores relacionados con el clima, la administración y las obligaciones de los inversores institucionales”, advierte la experta. Según los Principios de Inversión Responsable (PRI), actualmente existen más de 730 actualizaciones de normativas a través de 500 instrumentos regulatorios que apoyan o exigen a los inversores que consideren los factores de valor a largo plazo, incluidos los factores ESG.
Además, Maier señala que estos avances se ven “cada vez más favorecidos o apoyados por detalladas estrategias nacionales de financiación sostenible, ya que los gobiernos reconocen no sólo los riesgos climáticos y ambientales inherentes al sistema actual, sino también las ventajas de atraer capital a largo plazo para apoyar la transición a una economía más sostenible”. Por otro lado, muchos centros financieros compiten por convertirse en hubs sostenibles a medida que aumenta la necesidad y crece el mercado de soluciones financieras y de inversión innovadoras.
“Dada esta inevitable tendencia legislativa, no es sorprendente que estemos viendo un aumento de la implicación de los inversores con los legisladores, reguladores y los encargados de establecer normativas, con múltiples consultas abiertas que se están llevando a cabo actualmente en toda la UE” afirma Maier.
Otras tres tendencias
En tercer lugar está el mandato de la próxima generación. En este sentido, la directora de Inversión Responsable de HSBC recuerda que los inversores están abocados a desempeñar un papel central no sólo en su asignación de activos, sino también, y de manera importante, como administradores de las inversiones que poseen o gestionan.
Tras el primer Código de Stewardship del Reino Unido publicado en 2010, se estableció un nuevo marco administrativo para los inversores en la asignación, gestión y supervisión responsable del capital para crear valor a largo plazo para clientes y beneficiarios. “Esto resulta fundamental y necesario porque describe la capacidad de esta actividad para generar beneficios sostenibles para la economía, el medio ambiente y la sociedad”, asegura Maier. Sus principios incluyen un enfoque renovado del propósito y los resultados, y un mayor alcance para incluir los riesgos y actividades sistémicas en todas las clases de activos.
Además, estos cambios voluntarios, además de un aumento de los requisitos en materia normativa, están, según Maier, “destinados a modificar la naturaleza, el énfasis y las expectativas en cuanto a la presentación de informes de las actividades de gestión en los próximos años”.
Por otro lado, la crisis actual también ha traído consigo un renovado análisis del papel de los inversores en el apoyo a las empresas para la conservación y creación de valor a largo plazo. “Es probable que veamos un aumento del interés por la S en el ESG, especialmente en la inclusión de propósitos sociales, y un mayor énfasis en cuestiones relativas al trato con los empleados”, subraya Maier.
En cuarto lugar habla de un cambio de «voluntario» a «obligatorio». Para 2022, los expertos prevén un aumento de las jurisdicciones con requisitos obligatorios. Hasta ahora, los marcos de divulgación de ESG tendían a ser voluntarios y basados en una serie de principios, pero los nuevos procedimientos son más técnicos y se centran en la aplicación. Además, los supervisores de los bancos centrales están ya haciendo planes para pruebas relacionadas con el clima. “Esto debería ser una prioridad clave para la convergencia entre los miembros de la organización Network for Greening the Financial System, que recientemente publicaron sus primeros escenarios climáticos”, advierte Maier.
Asimismo, el nuevo Reglamento de la UE sobre divulgación de información relacionada con la sostenibilidad estipula otros requisitos, incluidos una política sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad, el proceso en materia de due diligence y una remuneración armonizada. La taxonomía de la UE, recientemente finalizada, que identifica los criterios técnicos de selección de las actividades económicas que pueden contribuir sustancialmente a la mitigación del cambio climático o a su adaptación, sienta a su vez las bases de una serie de obligaciones jurídicas. Entre ellas figuran los requisitos para los participantes en los mercados financieros que ofrecen productos financieros en la UE. En este sentido, Maier subraya que también servirá de base para otros reglamentos, normas o etiquetas para los productos financieros sostenibles o los bonos verdes.
“Se espera que los primeros requisitos entren en vigor en diciembre de 2022 y es probable que su vigencia se amplíe a medida que se siga trabajando en la elaboración de criterios para los cuatro objetivos ambientales restantes”, asegura la experta.
Por último, la experta habla de cómo los inversores se centran en el impacto de la economía real. “El motor de muchos de los cambios normativos y reglamentarios que estamos observando es el reconocimiento de que las corrientes financieras no están actualmente alineadas para apoyar una economía sostenible y resistente”, asegura Maier. Por ello, la experta advierte que la política de finanzas sostenibles desempeña “un papel importante en el tratamiento de los riesgos financieros y de inversión asociados a las prácticas insostenibles y los riesgos de transición, así como el papel del sistema financiero en la economía real”. Sin embargo, añade que el sistema financiero no puede realizar una transición sostenible por sí solo.
Los gobiernos están asumiendo ahora compromisos desde cero, que deberán ser apoyados por marcos jurídicos y normativos. Además, el Acuerdo Verde de la Unión Europea establece esa pretensión con estrategias asociadas que implican una mayor política de la economía real en esferas como la economía circular, la eficiencia de los edificios y las emisiones de los vehículos. La importancia de las políticas para influir en las consecuencias de la transición a una economía con bajas emisiones de carbono en materia de inversiones está empezando a explorarse de manera más habitual en el análisis de escenarios relacionados con el clima.
“Estas regulaciones tendrán consecuencias para los accionistas y los titulares de bonos de las empresas, y su preparación para estos cambios determinará si habrán salido ganadores o perdedores en la transición a una economía con bajas emisiones de carbono”, asegura la experta. Además, Maier apunta que es probable que el papel transformador del sistema financiero en la configuración y financiación de la economía real siga “siendo fundamental en la fase de recuperación posterior a la crisis del COVID-19. Por ello, añade que “los inversores harían bien en establecer prioridades”.
¿Dónde nos dirigimos?
“A medida que las economías empiezan a abrirse y a moverse en el mundo tras al virus, un enfoque proactivo en la colaboración con los responsables políticos es a la vez sensato y potencialmente beneficioso para el sector público y privado”, subraya Maier.
Como inversores, la experta recuerda que hay que tener en mente los beneficios a largo plazo que puede suponer la inversión en empresas con criterios ESG y de mayor solvencia no sólo en las carteras, sino también en el planeta en general. “De este modo, es importante que los organismos reguladores empiecen a aprovechar su influencia”, concluye Maier.
Por Clara Suarez