La Junta de Supervisión Federal de Puerto Rico ha presentado hoy, miércoles 3 de mayo, un recurso ante los tribunales de Estados Unidos con la solicitud de recortar 70.000 millones de dólares de deuda de la isla, en lo que se considera una declaración de «bancarrota«.
Puesto que los estados no tienen derecho a declararse en quiebra -al contrario que los municipios-, y la situación de Puerto Rico presentaba ya enormes dificultades, el gobierno estadounidense promulgó hace un año el Título III, que permite a su gobierno recurrir a los tribunales con el fin de recortar la deuda que acumula con un grupo de agencias. El gobierno de la isla reclamaba a Washington esta posibilidad desde hace varios años.
El gobernador ha anunciado el movimiento, que se ha visto seguido por la presentación de solicitud de acogimiento al Título III en los juzgados de San Juan, después del fracaso de las larguísimas negociaciones del gobernador actual y su predecesor con los acreedores para rebajar la deuda, que han hecho que el gobierno deba enfrentarse a nuevas demandas por incumplimiento. «Hemos llegado a esta decisión porque protege los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico», explicaba Rosselló, en declaraciones recogidas por Bloomberg.
La “bancarrota” supondrá grandes pérdidas para unos tenedores de bonos que durante años han mantenido los títulos de una economía cada vez menor y con un déficit presupuestario crónico, animados por la imposibilidad de que Puerto Rico se declarase en bancarrota. Esta restructuración es mucho mayor que la quiebra de Detroit, y -según la agencia de noticias- cubre menos de una cuarta parte de los pagos que deben producirse en los próximos diez años.
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