La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) chilena podría estar ya cerca de llegar a las conclusiones sobre el caso Cascadas. Diario Financiero publica que la SVS podría pronunciarse definitivamente en el mes de septiembre, a tenor de lo que adelantó el superintendente Carlos Pavez en su tercera visita a la comisión investigadora Soquimich de la Cámara de Diputados.
Según explica el diario, Pavez indicó que “manteniendo todas las condiciones como están ahora, sin nuevas presentaciones judiciales o de otro tipo, que puedan significar la dictación de algún tipo orden de no innovar o de naturaleza similar por parte de los Tribunales de Justicia, se podría estimar, en términos muy generales, que durante el mes de septiembre podría estarse finalizando el procedimiento administrativo sancionador”.
Pavez hizo hincapié en que los cargos formulados no residen necesariamente en “si se utilizaron determinados mecanismos bursátiles, de remate, de órdenes directas, o si cumplieron o no la reglamentación (…) Es el conjunto de estas variables, y como concurren en cada una de las operaciones y el período en el cual se llevaron adelante, la recurrencia de las mismas, las que permiten a la SVS considerar, a partir de septiembre del año pasado, que podríamos estar en presencia de infracciones a estos artículos de la Ley de Mercado de Valores”.
Pavez aclaró que la SVS no es juez y parte, sino un “instructor de un procedimiento administrativo” y por eso ha establecido “mecanismos que den más seguridad o mayores garantías incluso a pesar del control jurisdiccional”, como el tribunal de letras en lo civil o la apelación de las sanciones que pueden llegar hasta la Corte Suprema.
Según explica el diario chileno, la SVS ha separado las funciones de fiscalización, que las llevan a cabo básicamente las unidades organizacionales que dependen de cada una de las intendencias, de lo que es la investigación y el procedimiento sancionatorio, que está a cargo de esta área de cumplimiento de mercado (Acme) y es la responsable de emitir informes ante el superintendente, los intendentes y los fiscales para que sean ellos los que decidan si se pueden formular cargos y asesoren al superintendente. Es este último el que decide sobre la aplicación o no de las sanciones.
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