En su reciente informe “Perspectivas económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo “, la OCDE afirma que Chile es el país de la región con el gobierno de mejor calidad. El índice de calidad del gobierno que mide la OCDE y que toma en cuenta la corrupción, la ley y orden y calidad de la burocracia, sitúa la calidad del gobierno chileno en el 0.75 en un rango entre 0 y 1, por encima de la media de américa latina y el caribe (0.44) y muy cerca de la media de la OCDE (0.78).
No obstante, y siguiendo la tendencia generalizada en la región, la desconfianza en las instituciones ha sufrido una muy notable caída en los últimos 10 años, bajando del 58% de los ciudadanos que mostraba confianza en su gobierno nacional en el 2006 a tan sólo 20% en el 2016, la puntuación más baja de la región. Esta caída de 38 puntos es mucho más acentuada que los 10 puntos de bajada en el resto de los países de ALC y que los 6 puntos de la media de la OCDE.
Esta misma dicotomía puede observarse entre los resultados del Índice de políticas anticorrupción, donde Chile se califica con un 9 en un rango entre 0 y 10, situandose por encima de la media de América Latina y el Caribe (5.12) y de la media de la OCDE (6.21) y el porcentaje de la población que percibe que la corrupción está extendida por su país que ha ascendido al 82% frente al 53% del año 2006.
Adicionalmente, la OCDE afirma en su informe que Chile es el país con mayor crecimiento en la clase media en los últimos 10 años pero que no se corresponde con un aumento de la autopercepción como tal. Así pues, la clase media, medida en términos de ingreso per capital diario, se incrementó del 34% en el 2006 al 52% en el 2015 mientras que el indicador de autopercepción como clase media solo aumentó al 38,6% frente al 35,1%. A este dato hay que añadir que los chilenos se encuentran cada vez menos satisfechos con los servicios públicos de su país: en el 2016 sólo el 20,8 % se encontraba “satisfecho” o “muy satisfecho” con la educación pública frente al 29,2% en el 2006, un 14,2% con los hospitales públicos frente a un 28,5% en el 2006 y un 11% percibe que la seguridad ciudadana es “buena” o “muy buena” frente al 19,3% del año 2006.
La OCDE concluye, por tanto, que esta divergencia pone de manifiesto que existe una clara desconexión entre el progreso económico y los indicadores monetarios y por tanto las autoridades chilenas deberán ofrecer mejores servicios a la clase media exigente, así como deberán continuar fortaleciendo el vínculo estado-sociedad.
Por Alicia Miguel Serrano
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