Con la vista puesta en las elecciones legislativas de mitad de mandato, los republicanos completaron ayer un hito en la derogación de la ley Dodd-Frank a la que sin embargo han tenido que suavizarle distintos capítulos para conseguir un moderado respaldo de los demócratas.
Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firme este proyecto de ley esta misma semana dejando a Wall Street con un sabor agridulce en la boca. La nueva legislación traslada a los reguladores nombrados por la administración la decisión de dejar sin efecto restricciones –como la que contiene la regla Volcker sobre el proprietary trading– que afectan directamente a banca y a las firmas de inversión.
Tampoco cambiará el poder de la a Oficina de Protección Financiera del Consumidor y se mantienen las restricciones a las operaciones con derivados.
Sin ser una novedad, lo más destacado de la nueva ley es que aumenta el nivel de activos a partir del cual las entidades financieras se verán sometidas a controles más estrictos por parte de la Reserva Federal y procesos de supervisión similares a los que tienen las entidades consideradas ‘too big too fail’.
La nueva ley aumenta ese umbral de 50.000 millones de dólares en activos a 250.000 millones de dólares. El número de bancos estadounidenses que se enfrentarían a pruebas más estrictas caerá de 38 a 12, según cálculos de The Wall Street Journal.
Varios medios estadounidenses apuntan a que esto librará a compañías como American Express, SunTrust Banks o Charles Schwab de los altos costes de compliance a los que se enfrentaban hasta la fecha.
Esto es especialmente favorable para los entidades estatales y de crédito. Estos bancos más pequeños también se libran de la disposición de la regla Volcker que impide a instituciones depositarias invertir en hedge funds y fondos de private equity.
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