En México hay un proceso para establecer un control de precios en el sector financiero. El Senado ya aprobó una iniciativa de ley que controla las comisiones que cobran las Afores y existe una iniciativa que busca regular las comisiones y tasas de interés que cobran los bancos en los créditos. El objetivo de esta última iniciativa es que gente de menores recursos pueda tener acceso al crédito con costos más bajos. Es verdad que se necesita mayor oferta de crédito, que el costo del mismo se reduzca y facilitar que la gente tenga acceso a los préstamos formales para evitar el agio. Sin embargo, el objetivo que se busca no se va a conseguir regulando las tasas de interés.
Como con cualquier servicio, cuando se establece un precio por debajo del equilibrio, que es el caso del control de precios, aumenta la cantidad de gente que estará dispuesta adquirirlo pero al mismo tiempo disminuye la cantidad que se ofrece, se genera un exceso de demanda que se traduce en escasez. Dependiendo del servicio que se trate, la escasez terminará provocando hacer colas para adquirirlo, menor calidad al momento en que se presta el servicio, cobros adicionales para poder adquirirlo, o una combinación de ellos.
En el caso concreto de los créditos, el exceso de demanda implicará que aparezcan costos adicionales para los clientes que deseen adquirir los créditos a tasas controladas. Por ejemplo, otorgar garantías adicionales a las requeridas, que tienen que adquirir otros servicios, mantener un saldo mínimo en algún otro producto o de plano que tengan que pagar a algún funcionario de la institución financiera para que les autoricen el crédito.
Si el objetivo es incrementar la disponibilidad del crédito y que el costo del mismo sea menor, lo que se requiere es analizar las causas del costo del crédito y buscar la forma de reducir los mismos. Un elemento que incide de manera importante en el costo de los créditos es la capacidad para poder recuperar el dinero cuando el cliente deja de pagar. En la medida en que ejercer las garantías del crédito para recuperar lo que se ha dejado de pagar sea lento y costoso, a todos los clientes se les cobrará parte de ese costo para cubrir el riesgo de los incumplimientos presionando las tasas hacia arriba. Por lo tanto, realizar una reforma legal que permita ejercer de manera más rápida las garantías de los créditos que se dejan de pagar redundará en menor costo de los créditos y permite reducir el interés que se cobra por los créditos.
Hay dos tipos de crédito que nos reflejan esta situación. El crédito hipotecario se encuentra bien garantizado, es relativamente ágil ejercer la garantía y por tanto se ha observado una reducción sustancial en la tasa que se cobra, una gran competencia entre los bancos y mayor oferta. Sin que se hubiera controlado o fijado la tasa de los créditos hipotecarios, aumentó su oferta y el nivel que se cobra por los mismos es bastante reducido. En el extremo opuesto tenemos el crédito de las tarjetas de crédito, tanto bancarias como comerciales. El crédito no se encuentra garantizado, si la persona deja de pagar el proceso para recuperar la deuda es larguísimo, tedioso y costoso; en la mayoría de los casos no se alcanza a recuperar el saldo de la deuda. La falta de garantías, lo costoso en tiempo y recursos que implica la recuperación de la deuda, cuando el cliente deja de pagar, convierte a las tarjetas de crédito en un producto riesgoso que se traduce en elevadas tasas de interés.
En este caso, si se establece un control de precios para las tarjetas de crédito provocará que las instituciones financieras dejen de ofrecer el producto o, para otorgarlo, pedirán garantías que puedan ejercer fácilmente en caso de incumplimientos de pago, reduciéndose la población que podrá tener acceso a las tarjetas de crédito. Al final habrá escasez del producto y menor número de usuarios. La mejor forma de reducir las elevadas tasas de las tarjetas de crédito es que en el momento en que el cliente deje de pagar tres meses la institución pueda embargarlo inmediatamente o ejercer acciones penales en su contra, de esa manera se reduce el riesgo de falta de pago del crédito y aumenta la capacidad de recuperar las deudas, lo que se traduciría en menores tasas de interés.
En conclusión, controlar las tasas de interés va a provocar escasez de crédito, mayores requerimientos para concederlo y las empresas y personas de menores ingresos, al tener menores activos, van a ser las más perjudicadas. No es el camino para aumentar la oferta de créditos y disminuir su costo.
Columna de Francisco Padilla Catalán
