El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, habló el pasado 18 enero ante la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que regula los cambios entre fondos de pensiones.
En la oportunidad, Cortez destacó que mientras la asesoría previsional personalizada se encuentra actualmente normada de manera conjunta por la superintendencia de Pensiones y la CMF, en materia de idoneidad y conocimientos, los asesores previsionales masivos no se encuentran sujetos a fiscalización.
El presidente de la CMF sostuvo que los cambios masivos de fondos generan volatilidades no deseadas en los precios de los activos. Agregó que la evidencia empírica muestra que los precios de los activos financieros pueden mostrar grandes fluctuaciones en el corto plazo, para estabilizarse en el largo plazo.
Así, dijo, los cambios masivos de fondos aumentan la volatilidad de corto plazo de los activos financieros, sin cambiar su tendencia de largo plazo. Puntualizó que a nivel internacional existen diferentes mecanismos regulatorios, para diferentes circunstancias, destinados a evitar las pérdidas innecesarias que las volatilidades de corto plazo producen sobre los individuos, entre ellos el Stop-loss en transacciones bursátiles o restricciones de capital en caso de brusca salida de capitales.
En el país, las solicitudes de cambios de fondos pueden constituir montos relevantes de los fondos respectivos. Según datos de la superintendencia de Pensiones, los traspasos expresados como porcentaje de los activos del Fondo E, invertido fundamentalmente en instrumentos de renta fija local, han alcanzado más del 20% de sus activos, generando variaciones significativas en sus precios.
El presidente de la CMF valoró que la iniciativa legal contribuye a corregir la externalidad negativa que produce el cambio masivo de fondos sobre la rentabilidad del sistema: preferencia por activos de mayor liquidez o la venta masiva de activos a precios que no son de largo plazo. Indicó que el tamaño de los recursos administrados por las AFP justifica esta medida desde el punto de vista de estabilidad financiera.
El patrimonio administrado por los fondos de pensiones a diciembre de 2020 supera los 200.000 millones de dólares, equivalentes a más del 80% del PIB.
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