Despejada la incógnita de quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca, todavía queda por conocer la composición final del Senado, pero para ello habrá que esperar hasta el mes de enero. Por ahora, la Cámara de Representantes queda en manos demócratas, y en el Senado, los republicanos tendrían una ligera ventaja, con 50 sobre 48 escaños y otros dos que pertenecen al estado de Georgia, que están pendientes de ser revisados. Se espera que al menos uno de estos escaños, si no los dos, sean para los republicanos, anticipando un Congreso dividido en la próxima legislatura.
El equilibrio de poder entre republicanos y demócratas en el Senado dará forma a la agenda legislativa del presidente electo Joe Biden, determinando en qué medida podrá sacar adelante subidas de impuestos e influir en el tamaño y el alcance del gasto asociado a los paquetes de medidas de ayuda y recuperación de la pandemia.
Si el partido republicano mantiene el control del Senado (lo que incluiría sus comités y planes de trabajo), Biden necesitará el apoyo de al menos uno o dos de sus senadores para lograr sus objetivos legislativos.
Biden ha dejado clara su intención de echar mano de la potestad reguladora y reglamentaria del gobierno federal para impulsar muchas de sus prioridades de política interna. Los inversores no deberían subestimar en qué medida los posibles cambios en materia de medio ambiente, salud y tecnología podrían incidir en algunos sectores e industrias.
Políticas medioambientales
Biden apoya la promulgación de una batería de normas sobre “infraestructuras verdes” para ayudar a la economía a recuperarse de la pandemia de coronavirus. A lo largo de su campaña, Biden propuso créditos fiscales para vehículos eléctricos, producción industrial limpia, energías renovables y proyectos de almacenamiento de energía, así como planes de gasto en estaciones de recarga de vehículos eléctricos y otras iniciativas de infraestructura.
Si bien una mayoría republicana en el Senado limitaría el alcance de la legislación ambiental de Biden, los esfuerzos de su administración para hacer frente al cambio climático podrían centrarse en el ámbito normativo. Este enfoque implicaría la aprobación de reglamentos medioambientales más estrictos que los derogados o debilitados por el presidente Donald Trump.
El presidente electo ha prometido tomar medidas enérgicas contra las emisiones de gases de efecto invernadero a través de normas más exigentes sobre ahorro de combustible para vehículos y límites más estrictos a la liberación de metano en la atmósfera por parte de las explotaciones de petróleo y gas. Es probable que las agencias reguladoras endurezcan los requisitos para conceder licencias, lo que incrementaría los costes de cumplimiento legal de los pozos de petróleo y gas, oleoductos y gaseoductos, así como de otras infraestructuras de combustibles fósiles.
Biden es contrario a una prohibición nacional de la fractura hidráulica, una técnica usada para extraer hidrocarburos atrapados en formaciones de esquisto. No obstante, ha expresado su apoyo a una moratoria en la concesión de nuevas licencias para explotar yacimientos de petróleo y gas en tierras federales, deteniendo la emisión de nuevos permisos de perforación en estas zonas, y ajustando la estructura de cánones para los pozos de manera que reflejen los costes medioambientales.
Los inversores deberían esperar igualmente que Biden adopte un enfoque más holístico de la regulación ambiental, incorporando procesos de revisión del impacto climático en toda la administración federal y recurriendo a más agencias para aplicar las normas relacionadas con el cambio climático y no solo a la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
Salud y las grandes tecnológicas
Si bien el nombramiento de Biden como candidato presidencial demócrata ya redujo considerablemente las posibilidades de una reforma radical del sistema de salud de Estados Unidos, su gobierno podría poner en marcha medidas normativas para abordar la fijación de precios en la industria farmacéutica. También cabría esperar que los reguladores reviertan la normativa aprobada por el gobierno Trump para desalentar la participación en la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, introduciendo igualmente cambios para ampliar la cobertura del seguro médico público a más personas.
El mayor control regulatorio debería seguir siendo una realidad cotidiana para las “big tech” (las grandes tecnológicas), ya que es probable que tanto el Departamento de Justicia como la Comisión Federal de Comercio de una administración Biden arremetan contra las empresas de Internet y redes sociales dominantes en Estados Unidos en aplicación de la normativa de defensa de la competencia. Si bien a ambos partidos les preocupa el creciente poder de estas compañías, la falta de consenso sobre la mejor forma de abordar las cuestiones relacionadas con la privacidad de los datos y la responsabilidad por los contenidos debería limitar el riesgo a corto plazo de que se adopten medidas legislativas en estos frentes.
Algunas reservas
A mi juicio, la regulación será una herramienta importante de la administración Biden para llevar a cabo sus objetivos de políticas públicas, pero llevará tiempo poner en vigor todos estos cambios normativos. Si mantiene su mayoría en el Senado, el partido republicano podría intentar retrasar el nombramiento de las personas elegidas por el nuevo presidente para dirigir las agencias federales. Si bien los cargos públicos “en funciones” pueden realizar las “tareas no delegables” de las funciones vacantes, cualquier retraso en las confirmaciones influirá en la productividad de las agencias. Asimismo, estos organismos federales necesitarán tiempo para hacer la transición, reforzar sus plantillas y cumplimentar todas las fases del proceso normativo.
Los inversores también deberían tener en cuenta que las prioridades políticas de la administración Biden podrían cambiar en función del éxito de los esfuerzos del gobierno federal para frenar la pandemia de coronavirus y respaldar la economía estadounidense.
Columna de Katie Deal, analista en la división de renta variable estadounidense de T. Rowe Price, especializada en Washington.
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