Con ocasión de la consulta de la Comisión Europea acerca de las posibilidades en la regulación de bonos verdes que concluía el 2 de octubre, queremos reflexionar acerca de la evolución y funcionamiento de este mercado en la actualidad.
Actualmente, en materia de finanzas sostenibles, dentro de las emisiones con criterios ESG (ambientales, sociales y de buena gobernanza) hablamos de bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles. Cabe señalar que, a pesar de la situación económica a la que nos enfrentamos este año, 2020 ha sido un buen año si nos fijamos en la emisión del conjunto de este tipo de bonos que se ha disparado en los últimos meses.
De acuerdo con el Observatorio Español de Financiación Sostenible, a 15 de julio de 2020, la cantidad emitida a través de este tipo de bonos categorizados como ESG (sociales, verdes y sostenibles) fue de 10.646 millones de euros, habiendo superado a la emitida durante todo 2019 (9.756 millones de euros).
De todos los bonos de este tipo, los más comunes siguen siendo, como lo han sido tradicionalmente, los bonos verdes, suponiendo más de un 50% del total de este tipo de emisiones. Por ello y por ser el actual objeto de consulta para su regulación, nos paramos en ellos en primer lugar.
Según los Green Bond Principles, una guía de adopción voluntaria que establece los criterios para identificar un bono como verde, entendemos por bonos verdes, aquellos en los que los fondos se aplican exclusivamente para financiar o refinanciar proyectos de carácter ambiental o climático.
En este contexto, hay que tener en cuenta que, de cara a facilitar la financiación verde, dentro del Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea (CE) se adoptó en junio el Reglamento de Taxonomía, que establece los criterios para determinar si una actividad se considera medioambientalmente sostenible. Además, de cara a mejorar el mercado de los bonos verdes desde la CE también se ha creado un Estándar de Bonos Verdes con el objetivo de alinear la financiación de proyectos verdes con la taxonomía propuesta por la UE y acabar con algunas de las barreras actuales, permitiendo una verdadera comparación en el mercado de los bonos verdes, disminuyendo las reticencias de los emisores ante posibles problemas reputacionales, mejorando la transparencia del mercado y fomentando el diseño de políticas e instrumentos que incentiven el mercado de los bonos verdes.
Hasta ahora, toda esta tipología de bonos ESG, se emitía siguiendo las indicaciones establecidas por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y recaía, principalmente, en cuatroprincipios esenciales: uso de los fondos en proyectos sociales y/o ambientales, transparencia en el proceso de evaluación y selección de proyectos, claridad en la gestión de los fondos y elaboración de informes actualizados y de fácil acceso. Adicionalmente, también se recomienda que los emisores utilicen una compañía externa que revise y confirme la alineación de sus bonos con estos principios.
Con el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, los proyectos susceptibles de ser financiados a través de la emisión de un bono verde están recopilados dentro de la taxonomía y las recomendaciones para la emisión las recoge ahora el Estándar de Bonos Verdes de la UE, mientras que los bonos sociales y sostenibles deberán seguir atendiendo a las recomendaciones de la ICMA.
Si bien es cierto, como hemos señalado, que los bonos verdes suponen el mayor porcentaje dentro de las emisiones ESG, la crisis derivada del COVID-19, ha sacado a relucir el mercado de los bonos sociales, destinados a financiar proyectos que buscan mitigar un problema social específico. En este caso, se han realizado grandes emisiones dirigidas a la financiación de infraestructuras básicas, a I+D+I o al sector sanitario. En este sentido, Thomsom Reuters indicaba que, a finales de abril de este año, a nivel global, se habían colocado 42.751 millones de euros en este tipo de deuda, un 251,1% más que la emitida en el mismo periodo de 2019.
Por último, dentro de las emisiones ESG, encontramos también los bonos sostenibles, que son aquellos cuyos fondos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar una combinación de proyectos verdes y sociales.
Finalmente, aunque se está hablando ya de una próxima taxonomía de la UE para los aspectos sociales y de gobernanza para finales de 2021, se trata de una tarea compleja, ya que tanto la S como la G engloban un sinfín de aspectos (capital humano, gobierno corporativo, derechos humanos, cadena de suministro, etc.). Además, teniendo en cuenta que el desarrollo de la taxonomía verde ha durado aproximadamente dos años y ni siquiera engloba todos los objetivos ambientales, sino que se centrará en un primer momento en mitigación y adaptación al cambio climático (dejando para un momento posterior la incorporación de otros cuatro aspectos), hasta 2023 o 2024, no podríamos contar con este nuevo sistema de clasificación que consideramos tan necesario de cara a fomentar el mercado de los bonos sociales en los próximos años.
Tribuna de Marta Barahona Arroyo, experta en Sostenibilidad y Cambio Climático en Gabeiras y Asociados.
