El 73% de los españoles de entre 18 y 79 años admite haber firmado alguna vez un contrato financiero sin saber o entender completamente su contenido y casi la mitad considera que tiene “poca o ninguna” cultura financiera, con desconocimiento de conceptos básicos esenciales para tomar decisiones de endeudamiento o inversión –según la ‘Encuesta de Competencias Financieras’ promovida por el Banco de España y la CNMV-.
Unos datos que revelan que, pese a las crecientes exigencias de reguladores y consumidores, poco se ha avanzado y ponen sobre la mesa la necesidad de afrontar, de una vez por todas, programas de educación financiera que permitan dotar de mayor seguridad y estabilidad no solo al usuario, sino al sistema en su conjunto, evitando crisis de confianza y negocio como las que se han vivido en los últimos años y convirtiéndose en factor mitigador, en lugar de agravante, ante otra potencial recesión.
Estamos asistiendo a un cambio fundamental en tres ámbitos: el mercado laboral, el sistema de pensiones y los mercados financieros. El ciudadano se enfrenta hoy a la tesitura de gestionar sus recursos de cara a su jubilación en un contexto de productos y mercados cada vez más complejos, interconectados y digitalizados. Sin embargo, el 70% reconoce que ha adquirido un producto financiero basándose solo en la información del folleto y la facilitada por el personal de la entidad financiera, o por recomendación de un amigo.
Los ciudadanos deben ser capaces de gestionar sus finanzas personales y de tener el suficiente criterio como para pedir asesoramiento financiero especializado. Solo los asesores financieros independientes orientamos a nuestros clientes sin ningún conflicto de interés, porque no percibimos retrocesos de los productos que aconsejamos.
No se trata únicamente de la salud financiera de las familias. Las personas con mayores niveles de educación financiera –entendida como la capacidad de entender los distintos productos y poder decidir entre los mismos- suelen ahorrar más y presentan mayores niveles de inversión, al mismo tiempo que se propicia una relación más equilibrada y transparente entre el cliente –más informado, con más criterio y que demanda una mayor oferta de productos, que le permita elegir aquellos que den respuesta a sus necesidades concretas- y la institución financiera –que puede ampliar su oferta y ser más innovadora y competitiva-. A su vez, esa progresión de individuos, familias y sistema financiero tiene reflejo directo en la evolución de la economía de un país y en el bienestar del conjunto de sus ciudadanos.
La realidad es que, aunque se han formulado diferentes propuestas sobre educación financiera por parte de legisladores y reguladores –sobre todo, tras los problemas de información y transparencia destapados por casos como los de las preferentes o las cuotas participativas-, no se ha logrado llevarlas a la práctica de forma estructurada. De hecho, el 84% de los centros educativos de España no imparte ningún tipo de formación en esta materia –frente al 48% de media en los países de la OCDE-.
Desde Aseafi reclamamos la necesidad de incluir la educación financiera desde las primeras etapas de escolarización y definir programas específicos para diferentes grupos de población, para que los ahorradores e inversores puedan tomar decisiones basadas en el conocimiento. Una tarea en la que organismos reguladores, entidades financieras y sistema educativo deben ir de la mano.
Tribuna de Fernando Ibáñez, vicepresidente de Aseafi y director general de Ética
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