En medio de un escenario de anestesia total a prueba de bombas, hemos asistido a la primera operación de la Junta de Resolución Única (SRB) con una entidad, en este caso el Banco Popular. La operación ha sido rápida y silenciosa, sin estridencias, sin efecto contagio en el mercado o en el sector. Como se quería.
Ya sabemos que el banco superó sus tests de estrés el año pasado, incluso antes de su ampliación de capital. No podemos decir lo mismo de Monte dei Paschi di Siena, que los suspendió, y cuya situación ha acabado resolviéndose con dinero público con la oposición de Bruselas.
No es ninguna novedad que la situación del banco a la deriva no cambió tras captar los 2.500 millones nuevos el año pasado, parte de los cuales se colocaron ofreciendo créditos a los clientes. Esta no es una táctica nueva en el sector bancario, que parece seguir reglas ajenas a la lógica empresarial, pero va a tener sus consecuencias en los tribunales.
El argumento de los abogados se centrará en las discrepancias existentes entre la información proporcionada a los nuevos inversores y la realidad. Una vez más, y con el camino hecho (caso Bankia), parece que se avecinan demandas por la ampliación.
Pese a ello, el lastre del banco ha sido el 34% de préstamos morosos que tenía en sus libros a 31 de marzo, que en plena espiral bajista de su cotización cada vez han pesado más. Es por esto que el BCE ha decidido actuar a través de la SRB, que ha subastado la entidad para evitar su inviabilidad y con ello males mayores.
El resultado ha convertido al Banco Santander en el primer banco de España y líder en el mercado de pymes. Para ello tendrá que ampliar de nuevo capital por 7.000 millones y hacer frente a todas las provisiones, incluyendo los gastos jurídicos.
¿Y qué ha ocurrido con los clientes e inversores del Popular, con una capitalización bursátil de 3.000 millones el mes anterior? Pues no todos han salido perdiendo.
En primer lugar, el BCE ha cumplido su objetivo: los depositantes pueden respirar tranquilos y los contribuyentes también. Los mecanismos de alerta, creados tras la crisis, han funcionado perfectamente.
Los inversores en derivados, en principio, deberían haber recibido una liquidación de pérdidas correspondiente al último cierre de la acción. Algo similar al caso Espirito Santo, nada nuevo.
La clave del asunto: el repricing de los riesgos. Es cierto que los accionistas, titulares de obligaciones subordinadas y de CoCos pierden el total de su inversión, lo que provocará otro aluvión de demandas distinto del anterior.
Los bonistas senior, sin embargo, no sufrirán pérdidas. Es más: activos como los covered bonds de Popular han participado del fuerte repunte de alivio que hemos visto al comunicarse la noticia, también extendido al resto de bancos que participaban en la quiniela.
¿Qué significa todo esto para los fondos? Una incidencia minúscula, demostrando de nuevo una de las principales fortalezas de la inversión colectiva: permite al cliente dormir bien.
Tribuna de Alejandro Martínez, socio director de Inversiones de EFE&ENE.
Por Alicia Miguel Serrano