Entre los países de la Unión Europea, España representa la mayor disminución en cuanto al número de concursos acreedores declarados en 2016. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe elaborado por el Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR), órgano especializado del Consejo General de Economistas.
Partiendo del análisis de siete países europeos – Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia– España experimentó una reducción del 20% en el número de concursos de acreedores respecto a 2015. En otros países europeos, como por ejemplo Francia, Alemania e Italia, también disminuyeron, pero dentro de cifras más moderadas, inferiores al 11%, que es lo habitual.
En España la cifra de concursos fue de 4.080 en 2016, lo que continúa siendo inferior a los de otras economías de Europa. Por ejemplo, en caso de Francia se situó en cerca de los 58.000 o el de Alemania, donde la cifra alcanzó los 21.518 concursos. Destaca el caso de Portugal que con algo más de 7.000 concursos casi dobla los resultados de España. Hay que tener en cuenta que el país luso tiene un PIB seis veces inferior al de España y con cuatro veces menos población.
Según este informe, existe cierta correlación entre el incremento porcentual del PIB –una de las variables que se utilizan para observar el crecimiento económico– y la disminución en el número de concursos. Si analizamos este ratio, vemos que España, con un crecimiento del PIB del 3,2% en 2016, presenta una disminución concursal en dicho año del 20%; mientras que Alemania crece un 1,9% y disminuyen los concursos un 9%; o en Francia su PIB se incrementa un 1,2% y bajan los concursos un 8%.
“El porcentaje de disminución concursal por el aumento del PIB es mucho mayor en España que en otros países. No obstante, en los países escandinavos y del Norte de Europa, como Finlandia y Dinamarca, no se observa de forma tan clara dicha correlación”, explica en una nota informativa el Consejo General de Economistas.
Otra conclusión importante del informe es que los países europeos más desarrollados tienen, por regla general, una evolución concursal más constante y uniforme, incrementándose su porcentaje en unos intervalos de más menos un 11%. Pero, según afirman los expertos en economía forense, no es habitual que un país tenga sucesivas evoluciones porcentuales por encima de la media europea, como ocurre en el caso de España –que se sale de la media de los países europeos en cuanto a su evolución concursal–.
Economía sumergida de insolvencias
Por otra parte, si se comparan los concursos de acreedores con el número de empresas existentes –independientemente de su tamaño– se obtienen una serie de ratios, que ponen en evidencia, para el caso de España, que muchas empresas no acuden al concurso, frente a otros países en los que sí se acude a esta vía de resolución de insolvencias.
Según los expertos forenses del Consejo General de Economistas, en comparación con años anteriores, en vez de converger hacia resto de países Europeos, nos alejamos de la evolución concursal europea. “El número de concursos de acreedores en España debería ser mayor de lo que manifiestan las cifras oficiales, que son demasiado bajas comparadas con otros países europeos, lo que apunta a una economía sumergida de insolvencias que no acaban en concursos, como muestran los datos del FOGASA”, apuntan.
Desde el REFOR señalan que en la próxima reforma concursal a realizar, y en el contexto de modificaciones que se van a introducir en la nueva Directiva Europea de Insolvencias que se está elaborando, “deberían tenerse en cuenta estos datos y preguntarse por qué en España se acude menos al concurso que en otros países europeos, e introducir mejoras para resolver las ineficiencias actuales del modelo concursal español y favorecer la resolución de las insolvencias a través de este mecanismo”.
Según su valoración, entre los problemas del actual sistema concursal, se encuentran la lentitud y el elevado coste de los procedimientos concursales, que desincentivan a los empresarios a la hora de acudir a esta vía legal. También creen que sería necesario limitar los privilegios que mantienen los créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social) en estos procedimientos.
En este sentido, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, explica que “pese a los avances normativos de los últimos años en materia concursal, las insolvencias en nuestro país deberían tener un tratamiento más ágil y menos formalista”. Por su parte, el presidente del REFOR, Alfred Albiol destaca que “en nuestro país las situaciones de insolvencia siguen percibiéndose como un estigma, por lo que muchas empresas se resisten a acudir al concurso por una posible pérdida de reputación”.
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