El pasado 6 de julio, el Consejo de Ministros aprobó por vía de urgencia el Informe del Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, tras el acuerdo con los interlocutores sociales CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.
El motivo de la urgencia: atender a la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos por España ante la Unión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la recepción de los fondos europeos de recuperación por la pandemia del COVID-19.
Las medidas aprobadas en Consejo de Ministros para el sostenimiento del sistema público de pensiones se resumen en:
1. Se fija un mecanismo estable de revalorización y el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas.
2. Se incorporan diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. En este aspecto se fijan cuatro vías:
- La revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad.
- La jubilación demorada.
- La jubilación activa.
- La jubilación forzosa.
Respecto de la jubilación anticipada, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplican sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.
En el caso de la jubilación demorada, se establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Y, como medida más destacable, se refuerzan significativamente los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora:
- Un porcentaje adicional del 4%
- Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas
- Una combinación de ambas opciones
3. Por último, en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se fija establecer, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 y sustituirá al factor de sostenibilidad.
Además, se van a tomar otras medidas en paralelo a las anteriores entre las que destacan el traslado de los llamados gastos impropios de la Seguridad Social Contributiva –pensiones no contributivas- a los Presupuestos Generales del Estado.
El impacto de las anteriores medidas, ya para 2021 se estima en:
- Ligar las pensiones al IPC: cada punto porcentual de subida consolida un gasto de casi 26.000 millones.
Subir las pensiones un 1% supone un esfuerzo anual de 1.428 millones que se acumula durante toda la vida del pensionista, y eso partiendo de la actual población jubilada y sin considerar el incremento de ésta que se producirá a partir de 2022 debido a la jubilación de la generación baby boom. Si se parte de la estimación de que un pensionista recibe de media su prestación durante 18 años, considerando la longevidad media de la población española, el resultado es que el esfuerzo consolidado de casi 26.000 millones.
¿Y si la subida de IPC es de dos puntos? Entonces, el efecto se multiplica por dos, es decir el gasto consolidado por una subida de dos puntos sería de más de 50.000 millones.
De las medidas acordadas para aliviar la carga de la Seguridad Social respecto del gasto en pensiones, sólo el traslado de los llamados gastos impropios –pensiones no contributivas- a los Presupuestos Generales del Estado, supone una reducción sensible del coste de en torno a 22.000 millones de euros al año. Y esa actuación supone trasladar la carga de lo que se financiaba hasta ahora con cotizaciones sociales a los impuestos, lo que supondrá tener que financiarlos, bien aumentando los impuestos, y/o elevando la presión sobre la deuda pública, que a cierre de marzo de 2021 estaba situada en 1,393 billones, es decir, un 125,3% sobre el PIB.
El panorama que se presenta va a generar más presión sobre los bolsillos de los españoles, presentes y futuros.
Tribuna de Jesús Pérez Pérez, profesor experto en el sector asegurador del IEB.
Por SofiaCisneros
