La infraestructura, que es uno de los sectores de mayor impacto socioeconómico en todo Latinoamérica, enfrenta desde hace años algunos problemas asociados al reducido volumen de inversiones en áreas prioritarias para la población y el crecimiento económico de sus países. Y el rol del sector público aparece como un elemento fundamental para revertir este escenario, según un informe publicado por KPMG.
El estudio “Los cambios en infraestructura en América Latina. Perspectivas del sector público”, realizado por KPMG América Latina, se basó en las respuestas a una encuesta realizada entre marzo y mayo del 2020 a 81 profesionales del sector público de Latinoamérica.
El informe brinda una visión general del área de infraestructura incluyendo, entre otros aspectos, los desafíos que enfrentan los gobiernos para incrementar las inversiones e iniciativas en este sector. Por ejemplo, la región invierte actualmente entre el 2% y el 3% de su PIB en infraestructura, cuando la recomendación internacional, o de “buena práctica”, es que esta cifra alcance al menos el 5%.
No obstante, debe señalarse que existen algunos obstáculos que impiden alcanzar ese porcentaje. Según los resultados del estudio los principales impedimentos son: 1) falta de recursos; 2) politización de las prioridades del proyecto; y 3) ausencia de una planificación estratégica de largo plazo.
A pesar de ello, algunas iniciativas serán cruciales para mejorar el nivel de estas inversiones. En esa misma línea de análisis se pueden citar: a) despolitización de la gestión de las políticas públicas relacionadas a infraestructura; b) mejora de la formación de los profesionales del sector público; y c) un mayor uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP).
El papel social de la infraestructura
Para responder a los impactos de la pandemia, la atención del sector público se ha concentrado en la recuperación económica y la infraestructura. Sin embargo, no basta simplemente con invertir, es necesario que los recursos sean provistos con mayor transparencia y, entre otras cualidades, que se consideren también los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), que tanta relevancia están teniendo en la economía. Dado que el desarrollo de obras de infraestructura puede tener un rol social clave, especialmente en el contexto actual de la crisis pandémica, los gobiernos deben poder asegurar que los más vulnerables estén en el centro de sus políticas y decisiones.
“Para ello, se necesita una agenda progresista que incluya aportes más significativos al sector social, al tiempo que deben despolitizarse los planes y prioridades de infraestructura. Esto resulta fundamental para que el sector sea un catalizador de la recuperación económica en el período posterior a COVID-19”, comentó Fernando Faría, socio líder de la industria de Infraestructura de KPMG en América Latina.-
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